Opositores cuestionan por qué la Provincia no adhiere de manera directa a la legislación nacional. El ministro López defendió el proyecto oficial..LA VOZ

Para legisladores de la oposición, el proyecto de ley de ambiente enviado por el Gobierno necesita dejar claro en qué casos se exigirán estudios de impacto ambiental que incluyan audiencias públicas o consultas populares. También preguntaron por qué, si la voluntad de la Provincia era complementar la ley nacional de ambiente 25.675, no se adhiere a esa norma completa y se agregan los instrumentos que se consideren necesarios.

Estas y otras cuestiones fueron planteadas ayer en la Unicameral, en una reunión que mantuvo el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, con los integrantes de las tres comisiones legislativas que trabajarán sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo. Participaron también el secretario de Ambiente, Germán Pratto, y la asesora del ministerio en la redacción del proyecto, Marta Juliá.

Ante el pedido de dejar más claro cuándo se exigirán los estudios de impacto ambiental y audiencias públicas –que fue una de las principales discusiones en torno al conflicto por la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas– López respondió: “Está claro que no se puede exigir una evaluación ambiental y audiencia para todas las actividades sino sólo las de impacto significativo en el ambiente”.

Con ello, el ministro defendió la postura del Gobierno de que sea el Poder Ejecutivo, en la futura reglamentación, el que determine en qué casos se debe exigir una estudio técnico y la modalidad de participación ciudadana que se llevará a cabo.

El Frente Cívico se manifestó en desacuerdo con ello. “Si está sujeto a lo que decida un funcionario público, la participación no es un derecho”, objetó el legislador Santiago Clavijo.

López sostuvo que el espíritu de la norma es, sobre todo, incorporar procesos de participación ciudadana en proyectos que puedan impactar en el ambiente.

López reiteró que la Provincia busca complementar la Ley General del Ambiente N° 25.675, sancionada por el Congreso Nacional en 2002, que establece los presupuestos mínimos obligatorios para todo el país.

Los legisladores Liliana Montero, Clavijo (Frente Cívico) y Roberto Birri (Partido Socialista) preguntaron por qué en el proyecto no figuran varios puntos centrales de esa ley, como la figura del daño ambiental o el hecho de que los estudios ambientales deben hacerse antes de autorizar los proyectos. Y consultaron por qué directamente no se adhiere a la ley nacional.

La asesora Marta Juliá respondió: “La ley nacional está vigente en Córdoba. No es necesario adherir”. Y agregó: “Esa ley regula en materia de fondo, está vigente, es aplicable y la Provincia no la puede omitir. Puede exigir más, pero nunca menos”.

Tras esas definiciones, la legisladora Montero cuestionó: “Aquí se reconoce la supremacía de la ley nacional pero hubo muchos casos como el de Candonga o Monsanto que se judicializaron porque la Provincia hizo caso omiso a esa ley”. Y preguntó: “¿El ministro ha tomado conocimiento de la acción de quienes lo precedieron (en referencia al exministro de Agua y Ambiente Manuel Calvo y al exsecretario Luis Federico Bocco)? Porque se contradice con este criterio”. Pratto pidió a Montero que le permita responder por escrito a esas cuestiones.

Con respecto a la adhesión directa a Ley General del Ambiente, López respondió: “Nuestro proyecto busca complementar y mejorar la legislación con herramientas que la ley nacional no contiene (...). El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que las provincias debemos dictar leyes complementarias y eso es lo que estamos haciendo”.