La oposición respaldó el proyecto, pero puso en duda su verdadera eficacia. Laura Serra | LA NACION

Fue extraño el debate de ayer en la Cámara de Diputados. Los diputados de la oposición, salvo pocas excepciones, apoyaron en general el proyecto del Gobierno para combatir el trabajo en negro, pero, en sus discursos, pusieron en duda la eficacia de la norma.

En definitiva, el proyecto fue convertido en ley con un amplio respaldo: 227 votos a favor, tres en contra (Nicolás Del Caño y Pablo López, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Federico Sturzenegger, de Pro) y cuatro abstenciones (Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, y tres de Unidad Popular). Durante la discusión en particular de cada artículo, varios opositores intentaron modificar el texto, pero, fiel a su costumbre,el oficialismo no movió una sola coma.

"No podemos aparecer ante la gente rechazando un proyecto contra el trabajo en negro pese a que tenemos disidencias", justificaba anoche su voto positivo un diputado opositor.

Para fomentar el empleo en blanco, el Gobierno propone exceptuar del pago de los aportes patronales a las microempresas que empleen hasta cinco trabajadores. Aquellas que tengan hasta 15 trabajadores gozarán de un descuento del 100% en contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen durante el primer año. El texto establece que el descuento será del 50% para las microempresas de 16 a 80 integrantes, y del 25% para las que empleen más de 80 personas, durante los primeros dos años.

El proyecto contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y de la capacidad de inspección del Estado, como también la creación de un registro de empresas que violen la legislación laboral. Los infractores no podrán acceder a programas o beneficios del Estado ni a líneas de crédito otorgadas por bancos públicos.

"Este registro será público y servirá para el control popular", señaló el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el oficialista Héctor Recalde.

La oposición marcó sus diferencias. "Este proyecto no generará más empleo; será tan sólo una aspirina para un enfermo con fiebre muy alta", enfatizó el diputado radical José Luis Riccardo.

"Este texto no respeta la Constitución: el poder de sanción e inspección pertenece a las provincias y aquí se lo transfiere a la Nación", advirtió Federico Pinedo (Pro), quien, no obstante, anticipó el voto positivo en general del bloque. Con una excepción: Sturzenegger votó en contra. "Es atractiva la baja de aportes, pero propone un registro laboral que tendrá poca efectividad y que probablemente sólo sirva para una mayor concentración de poder en el Gobierno", alertó.

"Se vuelve a insistir en lo fracasado (el descuento de los aportes patronales). Se mantiene el modelo para los de arriba y para los de afuera", dijo Víctor De Gennaro, de Unidad Popular, que se abstuvo.

Concluida la votación, los opositores permanecieron en sus bancas para insistir, por tercera vez consecutiva, en el debate de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias; sin embargo, el oficialismo se retiró del recinto e hizo fracasar la sesión.

CRÍTICAS A TIMERMAN

La UCR denunció que el canciller Héctor Timerman mintió cuando defendió en el Senado el acuerdo con Irán y reclamó la derogación del memorándum, en sintonía con las críticas planteadas por la Justicia. La iniciativa fue rechazada por el oficialismo. En la misma sesión, el Senado dio su acuerdo a Juan Manuel Abal Medina como embajador ante el Mercosur.