Síntesis: La Procuración General avaló un planteo de inconstitucionalidad iniciado frente a los Decretos 916/2004 y 1287/2005 del Ministerio de Economía y Producción, a cargo del entonces ministro Roberto Lavagna. Si la Corte Suprema ratifica este dictamen, quedarían sin efecto todos los ajustes determinados por las áreas operativas de la AFIP-DGI aplicando el "sexto método" en su versión original para el caso de triangulaciones de exportaciones cuando el intermediario o "trader" carece de sustancia económica.