El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos configura un nuevo mapa global que abre interrogantes sobre la estrategia exportadora de alimentos y productos agropecuarios que impulsa el gobierno argentino.

Si Trump lleva adelante un proteccionismo extremo para favorecer a las empresas de su país, el mundo asistirá a un período de guerras comerciales. Cuando esto sucede, sin embargo, los primeros perjudicados son quienes las emprenden. El principio de retaliación es una práctica clásica del comercio internacional. En cambio, si una vez sentado en los despachos de la Casa Blanca el magnate descubre que las relaciones económicas internacionales no se manejan sólo con la voluntad personal, ese mapa será diferente.

"Tenderá a apoyar los acuerdos comerciales en los que Estados Unidos tenga mayores posibilidades de vender", dice el consultor en comercio internacional agroindustrial Gustavo Idígoras. En esta línea, podría priorizar el tratado de libre comercio con la Unión Europa en vez del acuerdo con los países del Pacífico, cuyas exportaciones son más competitivas que las de los EE.UU.

En la relación comercial con la Argentina, Idígoras recuerda que hay varios temas pendientes. Además de los conocidos como el limón o la carne vacuna, la Argentina pidió el reingreso al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) por el cual ingresaban a los EE.UU. con rebajas arancelarias varios productos, como jugos concentrados de uvas, vinos y aceites vegetales. Este beneficio había sido suspendido por Washington en 2012 por los fallos adversos del Ciadi a raíz de deudas impagas del gobierno argentino a empresas norteamericanas.
Otro punto crítico que deberá ser seguido de cerca es la sensibilidad del nuevo gobierno de los EE.UU. a los reclamos de sus propias empresas, añade el especialista. Uno de los productos clave es el biodiésel, cuyas exportaciones al mercado norteamericano vienen creciendo a buen ritmo y se espera que lleguen este año a 1,4 millones de toneladas, el triple que hace tres años.

En cambio, hay otros intereses convergentes entre Estados Unidos y la Argentina. Trump ha expresado su apoyo a la "América rural". No fue casual que haya ganado en casi todos los distritos del cinturón maicero. Algunos observadores argentinos, entre ellos los líderes de la UIA, interpretaron que el apoyo que el magnate recibió en los estados del "rust belt", el antiguo cordón industrial, significaron un mandato para alentar la reindustrialización y el "agregado de valor". El diputado José Ignacio de Mendiguren aprovechó la oportunidad para criticar las exportaciones de poroto de soja argentino a China. Esa mirada omite una visión más amplia: en los Estados Unidos no ven contradicciones entre producir maíz y soja o autos.

En la sociedad que creó el iPhone los economistas y políticos no les dan clases a sus farmers sobre cómo agregar valor. Allí, a diferencia del discurso dominante en estas pampas, dan por descontado que el campo es valor agregado en sí mismo, por sus innovaciones tecnológicas, y fuente de ocupación. Tampoco es usual escuchar frases retóricas como dejar de ser "el granero del mundo" para convertirse en el "supermercado del mundo". En todo caso, adoptan políticas de largo plazo que tienen escasas variaciones a lo largo del tiempo.

Llamados de atención

Además de las noticias externas, hubo otros llamados de atención en los últimos días. Hubo más lluvias en General Villegas que complicaron la delicada situación que se vivía. Según un trabajo de la Sociedad Rural local, el INTA y los grupos CREA las pérdidas económicas en ese partido del noroeste bonaerense superaron, como mínimo, los 5000 millones de pesos por el trigo que no se podrá cosechar, el maíz y la soja que no se sembrará y las mermas en pasturas, tambos y hacienda. De las 720.000 hectáreas que tiene el partido, hay 430 mil afectadas, entre encharcadas y completamente bajo el agua, añadió el informe. Al impacto en el noroeste bonaerense habría que sumar el daño que provocaron los excesos hídricos en La Pampa y el sur de Córdoba.

Si no se ejecuta con rapidez una política de manejo de aguas coordinada entre las provincias -que incluya obras de infraestructura- y un mecanismo de reparación económica más eficaz que la mera declaración de "emergencia agropecuaria" los fenómenos climáticos volverán a golpear a la producción.