Lo confirmó una cámara de apelaciones al rechazar un recurso de inconstitucionalidad presentado por un acreedor; el juez del caso ahora tiene que requerir el levantamiento de cautelares de otros magistrados para que la empresa pueda pagar. LA NACION - 10/06/2024
 

SANTA FE.- La agroexportadora Vicentin, que a fines de 2019 cayó en default y solicitó en febrero de 2020 la apertura de su concurso preventivo de acreedores, acumulando una deuda por más de US$1500 millones, logró en las últimas horas dar un paso decisivo para ponerle punto final a esa situación mientras, según consideraron cerca de la firma, se abre una ventana a la reformulación de la empresa. Fue cuando la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial de Reconquista, al norte de esta provincia, dictó una resolución según la cual queda firme la homologación de ese concurso de acreedores.

Ello significa que, en esta instancia judicial, se denegó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Commodities SA, uno de los acreedores del grupo. Según dijeron fuentes ligadas con el caso, que la cámara haya tomado esa decisión es relevante. Significa que el concurso está homologado y lo que sigue es el levantamiento de distintas cautelares que el juez interviniente, Fabián Lorenzini, debe requerir a sus pares que entablaron causas penales. En rigor, si no estuvieran esas cautelares mañana mismo la cerealera podría comenzar a pagar su deuda.

Al respecto, debe recordarse que en la instancia judicial Vicentin presentó un plan de pago a 12 años, con la figura de un fideicomiso, donde terminaría devolviendo en torno del 30% de las acreencias. Pero, además, la firma sumó para su plan a tres interesados estratégicos que se quedarían con el 95% de la compañía: son la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.

Proceso

En septiembre de 2023, Lorenzini, luego de rechazar una propuesta de homologación de pago para el cierre del proceso, habilitó la apertura del período de concurrencia estipulado en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. En la jerga judicial, este proceso se conoce como cramdown y permite que un acreedor o interesado externo formule una propuesta superadora a la que hizo la compañía y se quede con la empresa.

La planta ubicada en Ricardone, Santa Fe, otro de los activos de la cerealera

Desde que se inició la causa Vicentin, la misma estuvo envuelta en fuertes polémicas, como la fallida expropiación que quiso hacer el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández en junio de 2020, iniciativa que no prosperó ante el rechazo de la sociedad, con banderazos en distintas partes del país.

En la práctica, ahora la agroexportadora, cuando se levanten las cautelares, podrá pagar la deuda a sus 1700 acreedores en un plazo de 12 años, y así superar la crisis en la que se encuentra inmersa. Pero, a la vez, se pondrá en marcha el fideicomiso antes mencionado. Es que la aceptación de la propuesta -y la posterior aprobación del concurso- fue condición sine qua non que pusieron los interesados estratégicos para inyectar capital en Vicentin.

En el último tiempo, como consecuencia de la escasa disponibilidad de materia prima, especialmente por la sequía de los tres años precedentes, pero también por la complejidad de su concurso, la actividad de la cerealera en sus plantas procesadoras del Gran Rosario (San Lorenzo y Ricardone) se interrumpió y solo quedaron activos los contratos de los “socios estratégicos”.

Lo que viene

Según la información a la que tuvo acceso LA NACION, se aguarda que en los próximos días el juez Lorenzini, con el aval de la resolución de la cámara, solicite a los jueces que interpusieron medidas cautelares sobre los bienes de la empresa “que levanten esas medidas para que con esos bienes ingresados se pueda comenzar a pagar”.

Puerto Vicentin, una de las plantas que la empresa dejó inactiva el año pasado

Otro punto importante para la empresa es cerrar un acuerdo con el Banco Nación, actualmente en una instancia de negociación y a quien en su momento se le debían unos US$300 millones. Según los expertos consultados, esta definición no es vinculante del concurso, ya que es un crédito privilegiado. “De todas maneras, forma parte del acuerdo de Vicentin con los socios estratégicos y se necesita que todas estas acciones estén encaminadas para que el aporte requerido se efectivice”, amplió la fuente.

Por José E. Bordón