AMBITO FINANCIERO
Los once "agrodiputados" electos en 2009, tras el conflicto entre el Gobierno y las entidades del campo, concluirán su mandato sin haber logrado la sanción de ninguna de las leyes que habían prometido impulsar cuando llegaran al Congreso, como la ley de arrendamiento, la reforma de la ex ONCCA, y del régimen impositivo para el sector.

Los once "agrodiputados" ingresaron a este cuerpo legislativo luego de la derrota del oficialismo en la votación sobre la Resolución 125, donde se establecían retenciones móviles para el sector agropecuario, por el voto "no positivo" del exvicepresidente, Julio Cobos.

Los legisladores que formaron el espacio vinculado a la dirigencia agropecuaria y que se sumaron a la UCR fueron el pampeano Ulises Forte, el chaqueño Pablo Orsolini, el correntino Lucio Aspiazu, los entrerrianos Atilio Benedetti y Jorge Chemes.

Por su parte, la Coalición Cívica incorporó a la entrerriana Hilma Ré, el Frente Cívico de Córdoba sumó a Gumersindo Alonso, el gobernador José Manuel de la Sota a Estela Garnero, y en Salta otro agrodiputado fue Alfredo Olmedo.

Si bien ingresaron con el ímpetu de la victoria de las agrupaciones que los promovían, la realidad es que no pudieron cumplir con sus objetivos.

Aunque en los dos primeros años, cuando se conformó el denominado `grupo A´ tuvieron la posibilidad de avanzar en algunas de sus propuestas, en especial desde la bancada radical, las diferencias en ese conglomerado opositor impidió la sanción de estas propuestas.

En términos comparativos, el balance es negativo, ya que no pudieron aprobar los proyectos centrales que se habían propuesto cuando llegaron al cuerpo en diciembre de 2009, como por ejemplo la eliminación de las retenciones, la ley de arrendamiento, la reforma de la ex ONCCA, y del sistema impositivo, entre otras medidas para el sector.

De hecho, en el caso de la baja o la eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos, tema por el cual llegaron al Congreso casi como caballito de batalla, los agrodiputados no pudieron consensuar una iniciativa ni entre ellos ni entre en sus propias bancadas, y así se consumieron los dos años en los que la oposición tuvo mayoría en la Cámara baja. Incluso en aquel momento, uno de los diputados que tenía más participación, Ricardo Buryaile -junto con Pablo Orsolini y Ulises Forte de la Federación Agraria-, tenía la presidencia de la comisión de Agricultura, pero tampoco pudo lograr desde ese puesto avanzar con la sanción de las leyes.

Por otra parte, en el 2011, cuando el oficialismo recuperó el control de la Cámara y promovió el proyecto para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros, la mayoría de los diputados del campo votó en contra, como así también cuando se trató la iniciativa para establecer el estatuto del peón rural, al cual se opuso también el sindicalista Gerónimo Venegas.

En uno de los puntos más altos del posicionamiento del sector hacia el gobierno nacional se generó durante la sesión del 15 de diciembre del 2011, cuando se dio media sanción al proyecto de la ley de tierras.

Buryaile argumentó que se oponía al mismo por "inconstitucional", dado que según él vulneraba "el artículo 20 de la Constitución nacional, ya que discrimina y genera xenofobia respecto a extranjeros residentes en el país"