La Fundación Mediterránea, a través del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), presentó una propuesta para bajar las retenciones. La novedad tiene que ver con la necesidad de resguardar el equilibrio fiscal. Para ello, propone la eliminación de la exención de los inmuebles rurales de Bienes Personales.

La presidencia de este think tank está a cargo de Osvaldo Giordano quien fue funcionario del gobierno de Javier Milei. Además, días atrás, el Presidente viajó a Córdoba y expuso ante la fundación.

La reducción de las retenciones por vías de compensaciones no es nueva. Lo llamativo es la propuesta de IERAL en la que habla de Bienes Personales.

El trabajo de esta fundación propone una eliminación de la alícuota de manera gradual. “Una estrategia alternativa es que, junto con la eliminación de las retenciones, se tomen recaudos para que vía otros impuestos se compensen al menos parcialmente las pérdidas de ingresos públicos”, sostiene el informe que se publicó.

Al mismo tiempo, argumenta que los derechos de exportación perjudican al sector productivo en la quita de rentabilidad. Dentro de la iniciativa, aclara que no habría peligro para el equilibrio fiscal.

“Por la forma en que operan las retenciones, esto es viable de manera casi automática en varios impuestos (especialmente Ganancias) y de manera inducida a través de la eliminación de la exención de los inmuebles rurales en Bienes Personales. La aplicación de esta estrategia debe contemplar alguna gradualidad temporal, con un conjunto de recaudos legales y un esfuerzo de la administración tributaria”, plantea la fundación.

También, señaló que estas complejidades se compensan con la ventaja de que esta estrategia puede ser aplicada de manera inmediata.

Eliminación de las retenciones

La propuesta del think tank cordobés propone que la eliminación de las retenciones contemple un sendero de bajas de alícuotas distribuidas en el tiempo. En este punto, explica que permite compensar las pérdidas de ingresos con la recaudación de otros impuestos o reducciones adicionales en el gasto.

Para el avance de la iniciativa propone definir un cronograma de reducciones de alícuotas igual para todos los productos. En este punto, cita el ejemplo de un tercio por etapa lo que llevaría a la soja del 33 % al 22 %.

Al mismo tiempo, recomienda no hacer distinciones entre operaciones según tamaño de empresas, regiones u otras variables. También analiza no converger a cero en algunos productos para incentivar la industrialización.

“Una porción de la recaudación perdida se recupera de forma automática vía Impuesto a las Ganancias y otros tributos vinculados a la actividad económica”, destaca el informe. También señala que los sectores gravados recuperan ingresos que destinarán al consumo y a la inversión, y con mayores precios internos se incrementa el gasto del consumidor.

Por último, propone que el remanente de pérdida de recaudación pueda ser compensado eliminando la exención que tienen los inmuebles rurales en el Impuesto a los Bienes Personales. También incluye un mecanismo para mejorar la actualización de las evaluaciones.

“En base a estimaciones propias, si se gravasen los Inmuebles Rurales de las principales provincias agropecuarias al 80 % de su valor de mercado, con las condiciones estructurales del Impuesto sobre Bienes Personales para 2025, se podrían generar ingresos equivalentes entre 25 % y 30 % de la recaudación de retenciones que aportan esas provincias”, expresa el documento.

Esta iniciativa hace un guiño a las provincias, ya que asegura que la mayor parte del incremento de la recaudación se produce en impuestos coparticipables, mientras que la pérdida derivada de la eliminación de las retenciones impacta exclusivamente sobre la Nación.

Sobre la valuación de los inmuebles rurales, el documento señala que es factible de realizarse en plazos y costos relativamente bajos. “Es necesario establecer los mecanismos de coordinación entre la Nación y las provincias y, lo más importante, que esto no sea aprovechado por las provincias para aumentar la presión tributaria a través del impuesto inmobiliario rural. Esto exige el compromiso de bajar alícuotas para compensar el revalúo”, apuntó la fundación.