Los productores soportan una significativa quita en el excedente neto de su explotación debido a un cóctel impositivo que no deja de crecer y establece un futuro incierto para la actividad. Por Roberto Seifert | LA NACION
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A paso firme y sin detenerse, indiferente a las subas o bajas del mercado, la presión impositiva sobre el sector productor de granos esta impactando de lleno en la renta de las empresas.

Los derechos de exportación, que aunque no son impuestos obran como si los fueran porque los exportadores que los pagan los descuentan del precio que abonan al empresario agrícola, y Ganancias son los principales actores tributarios que deben enfrentar los productores de cereales y oleaginosas. Y le siguen otros tributos nacionales, provinciales y municipales. No hay que olvidar tampoco el efecto pernicioso que provoca, además, en el resultado final del ejercicio de la empresa agrícola, las dificultades en la comercialización. "Esto incide negativamente en la explotación agropecuaria porque son menores recursos, capital de trabajo y montos de inversión que resigna el agricultor y que no se vuelcan a una mayor producción", dijo a La Nacion el economista de Confederaciones Rurales Argentinas, Juan Rey Kelly.

Todo esto explica que la Argentina marche a contramano del contexto mundial e incluso regional. Cabe apuntar que países vecinos como Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia "no aplican derechos de exportación y, en algunas ocasiones, han reducido sus impuestos para promover una mayor producción", dijo el asesor tributario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Guillermo MacLoughlin Bréard.

Datos de la Ieral

Este oscuro panorama quedó reflejado en el último informe de coyuntura confeccionado por Juan Manuel Garzón, investigador jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea.

Según Garzón, contemplando sólo el impuesto a las ganancias y derechos de exportación, una empresa agrícola promedio de la pampa húmeda pasó de transferir el 59,1 por ciento de su excedente neto de la explotación en la campaña 2003/2004 al 72,3 por ciento en el actual ciclo 2011/2012.

El investigador tomó para el ejemplo un establecimiento ubicado en la región pampeana que trabaja 500 hectáreas propias, que asigna el 60% de la tierra a soja de primera, el 20% al maíz y el 20% restante al tándem trigo/soja de segunda, y que logra muy buenos rindes (por ejemplo: 33 quintales de soja).

MacLoughlin Bréard si bien sostiene que la carga fiscal varía según la ubicación física del inmueble, los rindes y costos asociados a una explotación agrícola determinada, no duda en afirmar: "En los últimos años hemos asistido a una progresiva suba de la presión fiscal, a la aplicación de los derechos de exportación (retenciones) que del 10% inicial [en 2001] han trepado hasta el actual 35% [en soja], restándoles a los productores la posibilidad de cobrar el precio lleno por su producción".

El tributarista sumó otros factores a este cóctel explosivo. "En el ámbito nacional se han producido notables distorsiones por la no aplicación del ajuste por inflación impositivo, que hace que las explotaciones rurales tributen un impuesto a las ganancias mayor que el que realmente les corresponde" y agregó que tampoco se han actualizado mínimos no imponibles. También cuestionó el régimen de retención de IVA y la no eliminación del impuesto al cheque.

Al efecto nocivo de las retenciones, el economista de CRA Juan Rey Kelly señaló que un componente adicional son las restricciones a las exportaciones (que si bien no van hacia el fisco sino hacia otros eslabones, como son la exportación y los molinos, en el caso del trigo) básicamente son una quita de entre el 20 y el 25 por ciento sobre el precio que recibe el productor por sus granos "ya que la demanda, tanto la exportación como la molinería, compra esa mercadería con el mercado deprimido o sobreofertado".

En el mismo sentido, el jefe del área de Economía de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Federico Landgraf, señaló la incidencia "en la intervención distorsiva del Estado" y ejemplificó: "Aún hoy, los productores de trigo perciben entre 20 y 40 dólares menos por tonelada, producto de las restricciones a las exportaciones del Estado, pero también se observa que con el argumento de no permitir la suba de precios en góndola se pisan injustamente los precios que perciben los productores".

Por otra parte Landgraf señaló que la recaudación en concepto de derechos de Exportación registró un incremento del 807% entre 2002 y 2010 mientras el crecimiento del PBI fue del 437% para el mismo período. "Hoy, un productor de soja que alquila y que tiene un rinde de 30 quintales (que son pocos, porque se está cosechando mucho menos) pierde 80 dólares por tonelada y por retenciones se le descuentan 190 dólares por tonelada", ejemplificó.

Diversos impactos

En tanto, para Gustavo Grobocopatel, presidente del Grupo Los Grobo, el aumento creciente de la carga impositiva tiene impactos diversos. "En principio genera recursos para que el Estado, a través del gobierno de turno, redistribuya las utilidades en aquellos sectores que más lo necesitan. Por otro lado, quita estímulos a los emprendedores para aumentar la producción, innovar, o invertir en nuevos negocios que crean más trabajo e impuestos a pagar. Es decir que hay una tensión que hay que resolver entre crear más valor y/o redistribuirlo."

Agregó el productor que "cada sociedad elige cómo se resuelve esta tensión; no es lo mismo Europa que los Estados Unidos, Singapur que Suecia. Lo importante es que hay algunas cosas que sí son claves para que el proceso sea virtuoso, independientemente de la carga impositiva. Uno es la calidad del Estado que redistribuye esa riqueza y otro es la formalidad de la economía, ya que de nada vale que pocos paguen mucho y más si esos pocos no son los que más ganan".

Grobocopatel, que también produce en los países del Mercosur, reconoció que la presión tributaria para el productor agrícola es mayor en la Argentina que en el resto de los países del bloque regional. "Sí, por supuesto -respondió-. Le podría adelantar que en la Argentina está entre el 70 y el 90 por ciento de la utilidad si se suman todos los impuestos."