Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos firmaron un acuerdo de reciprocidad que valida documentos de personas jurídicas y registros públicos sin legalizaciones extra. La medida promete reducir costos y acelerar los tiempos para las empresas, contratistas y cooperativas que operan en el corazón productivo de la Argentina. TN - 29/05/2026
 

En una región donde las empresas de maquinaria agrícola, los acopios, las cooperativas y los propios productores suelen cruzar constantemente las fronteras provinciales para trabajar, comercializar y expandir sus operaciones, la burocracia administrativa es un histórico dolor de cabeza.

Con el objetivo de revertir esta situación y sacarle un peso de encima al sector privado, los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos firmaron este jueves un acuerdo clave que busca simplificar las estructuras del Estado y potenciar la competitividad regional.

El convenio, suscripto en el ámbito institucional de la Región Centro, establece un Acuerdo Marco de Reciprocidad sobre documentos emanados de autoridades de control de personas jurídicas y registros públicos.

En la práctica, esto significa que cualquier acto administrativo, estatuto social o documento oficial emitido en una de las tres provincias tendrá plena validez jurídica en las otras dos, sin la necesidad de realizar legalizaciones adicionales de firmas, sellados extra ni trámites complementarios, siempre que cuente con la rúbrica del funcionario competente.

Funcionarios provinciales aseguraron que la iniciativa apunta a modernizar el Estado y eliminar burocracia innecesaria. (Foto: Gobierno de Santa Fe).

Alivio para las empresas del campo

Para el entramado agroindustrial, el impacto de esta medida es directo. Muchas de las firmas del sector —desde semilleras y fábricas de implementos agrícolas hasta grandes explotaciones agropecuarias— operan de manera conjunta en el bloque regional: tienen los campos de producción en una provincia, la sede fiscal en otra y los puertos o plantas de procesamiento en una tercera.

Hasta hoy, la necesidad de realizar doble o triple tramitación para validar una sociedad o un contrato generaba demoras logísticas y una duplicidad de gastos innecesaria.

La iniciativa, que se enmarca dentro de “Territorio 5.0” (la estrategia de modernización impulsada por el Gobierno de Santa Fe), contempla además el desarrollo conjunto de mecanismos digitales seguros para el intercambio de documentación entre las tres jurisdicciones, apuntando a un esquema de despapelización y conectividad total.

El convenio también prevé sistemas digitales compartidos para avanzar hacia una gestión más rápida y sin papeles. (Foto: Gobierno de Santa Fe).

Voces oficiales

Durante el acto de firma, el ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Fabián Bastia, remarcó que el objetivo central es transformar el sistema a favor de la gente y de la producción. “Había una enorme desorganización y una de las principales falencias estaba en la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).

En algunos casos se requería una doble tramitación, lo que generaba trastornos administrativos y duplicidad de gastos”, señaló el funcionario, quien destacó que Santa Fe avanzó hacia un modelo 100% digital en este organismo. “La armonización legislativa y de procedimientos facilita el crecimiento de la Región Centro”, afirmó.

Por su parte, Roberto Ryan, subsecretario a cargo del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) de Santa Fe, puntualizó que este paso “agiliza enormemente la operatoria de las personas jurídicas que actúan en distintas provincias”, permitiendo además que los organismos públicos compartan tecnologías y aprendizajes para reducir drásticamente los tiempos de gestión.

En representación de las demás provincias de la región, participaron de la firma el director general de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, Pablo César Mina Guzmán, y el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Mainero, acompañados por la secretaria de Región Centro, Claudia Giaccone, y el presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti.

Desde el sector productivo ven con muy buenos ojos este avance. En un contexto económico donde cada minuto y cada peso cuenta, la unificación de los registros públicos en el corazón agroindustrial del país aparece como una herramienta indispensable para dinamizar las inversiones, agilizar el comercio de granos y carnes, y dotar de mayor transparencia y legalidad a toda la cadena de valor.