27/09/2016

Maquinaria agrícola: el proyecto oficial tendrá incentivos fiscales progresivos

El Gobierno nacional inició una serie de consultas a distintos referentes del sector de la maquinaria agrícola para conocer la opinión sobre su proyecto oficial de desarrollo para la maquinaria agrícola. Será el paso previo a su envío al Congreso Nacional para su tratamiento. La idea oficial es que la futura ley de bienes de capital, que incluye estímulos para maquinaria agrícola, equipos para la transformación de alimentos (industria frigorífica y láctea), biotecnología (energía eólica y biomasa), arribe al Poder Legislativo con el mayor consenso.

La iniciativa, que comenzó a gestarse en julio en el Ministerio de Agroindustria de la Nación y que cuenta con el aval del Ministerio de la Producción, incluye dentro de su contenido mecanismos de desarrollo investigación e incentivos para que las fábricas argentinas puedan competir con multinacionales.

Incentivos progresivos
En materia fiscal, por ejemplo, el proyecto de ley prevé la implementación de un bono fiscal, similar al vigente en la actualidad, pero con algunos cambios sustanciales. El beneficio arrancaría con un seis por ciento de descuento sobre el monto de la facturación, para aquellas empresas que cumplan con los requisitos mínimos, y llegaría al 20 por ciento para las industrias que utilicen normas de marca argentina y la generación de nuevos empleos. A diferencia del bono actual, vigentes de 2001, que exige para la percepción del incentivo fiscal no despedir trabajadores, la norma que promueve el Gobierno dejara sin efecto esa cláusula y buscará premiar la generación de empleos.

Actualmente, un proyecto de ley presentado por el senador santafesino Omar Perotti cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. La propuesta, ya girado a la Cámara de Diputados, da vigencia por 10 años al bono fiscal del 14 por ciento sobre el precio de venta de una máquina, que hasta ahora se establece por decreto presidencial y se actualiza por semestre. Prevé que para poder acceder al beneficio las empresas deben integrar como mínimo un 60 por ciento de partes nacionales y beneficia a las que suban esa proporción: hasta cuatro puntos más para las que lleguen hasta el 90 por ciento.