Dar tratamiento legislativo sin antes tener un mapa preciso del recurso en Córdoba es crear un nuevo problema. AGROVOZ

Discutir la realidad tenía más sentido cuando todavía no estábamos seguros de la forma de nuestro planeta; se discutían hipótesis porque no contaban con los medios necesarios para demostrarlo, pero hoy a la realidad se la puede pesar, medir e inclusive se la puede predecir si dentro de ella ocurren procesos. 
Es el caso de los bosques nativos en la provincia de Córdoba, para los cuales hay que hacer una nueva ley que adhiera al marco regulatorio nacional (Ley Bonasso) y definir cuál es el tratamiento más adecuado para su conservación.
En realidad, la Legislatura de Córdoba sancionó en el año 2010 la ley 9.814, cuya estructura fue acusada de inconstitucional por la COTBN (Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo) y por numerosos actores privados y públicos. 
Mucho peor y de nefastas consecuencias fue su reglamentación, que contradice de manera absurda el espiritu de la propia ley. Ni hablar del mapa que la acompañó. Asimismo, la autoridad de aplicación nacional se negó y sigue negando considerar como aprobado el OTBN de Córdoba, ya que señalaba que poseía deficiencias técnicas y que el articulado resultaba incongruente. 
Definición del área
Entiendo que se estuvo trabajando técnicamente para establecer con precisión la superficie objeto de esta ley y para ello se usaron imágenes satelitales de alta definición que fueron estudiadas e interpretadas de diferentes maneras por sectores que en apariencia tienen intereses encontrados, pero en realidad son comunes. 
Si bien puede haber cierto relativismo en la interpretación de las imágenes, con la tecnología actual es posible determinar in situ el estado de cada metro cuadrado de la superficie en discusión.
Este problema en apariencia de muy fácil solución está demorado por asuntos que nada tienen que ver con la mencionada realidad y dilatarla tiene graves consecuencias para la mayoría de los pequeños productores comprendidos en el área, que no saben cómo actuar ante la falta de reglamentación.
¿Policía sin ley?
Inclusive, antes de tener la ley se creó un cuerpo de policía ambiental con amplios poderes pero sin directivas precisas. Córdoba no puede seguir sin esta ley pero tampoco ante la necesidad se puede hacer cualquier cosa; por lo tanto es mejor comenzar nuevamente por el principio y definir el mejor mapa para lograr la mejor ley.
A esto se le suma el accionar de grupos ambientalistas que, con la mejor de las intenciones, se manifiestan en favor de la sustentabilidad y la preservación, pero generalmente no aportan soluciones a las mesas de trabajo y confunden con su mensaje a la opinión pública, que generalmente está dispuesta a escuchar y apoyar este tipo de reclamos porque se sienten espectadores de un problema ajeno. 
Urbanización serrana
Pero si esos grupos reclamasen con el mismo énfasis por el avance indiscriminado de urbanizaciones sobre los bosques nativos y áreas de muy alto valor de conservación en todo el valle de Punilla tal vez el apoyo del público sería otro.
Dar tratamiento legislativo al proyecto como aparentemente es la intención del Gobierno, sin antes tener un mapa que refleje con certeza el estado actual del bosque nativo en Córdoba, es crear un nuevo problema porque a poco de andar se generarían tantos conflictos que obligarían a la revisión de la norma.
Si esto prospera, vamos a tener una ley pero no vamos a saber dónde aplicarla mientras que el verdadero objetivo es tener una reglamentación adecuada y en todo de acuerdo con el espíritu de la ley que se dicte. 
Categorías
La discusión se da en dos aspectos, primero respecto de la superficie total a preservar y, segundo, en qué categorías de importancia de preservación se las debería ubicar ya que la ley Bonasso establece tres (rojo, amarillo y verde), alto valor representadas en los mapas con color rojo. Valor medio, que se pintan en amarillo, y color verde en las que se pueden desarrollar actividades productivas sin restricciones. 
No regresividad
La norma tiene carácter no regresivo; es decir que las zonas de alto valor nunca pueden pasar a medio y dentro de ellas no es posible ninguna intervención, mientras que en las amarillas, mediante autorización expresa, se permiten algunas actividades. También, si se detectan en áreas amarillas zonas con pasibilidad de recuperación pueden pasar a rojas. 
Claramente, la discusión se debe dar sobre los aspectos legales, sanciones por incumplimiento, permisos de explotación, períodos de clausura, recuperación de fauna, pero siempre a partir de un mapa que se ajuste a la realidad.
Mesa técnica
Urge la necesidad de que el Gobierno limpie las interferencias de todo tipo, que todos aceptemos los errores y se forme nuevamente una mesa de trabajo técnico independiente, integrada por todos los actores, que se dedique a hacer las mediciones con un presupuesto acorde y cuyo dictamen sea aceptado. 
Es imposible pedir consenso a los legisladores extrapartidarios si se parte de un error, incluso sacar una mala ley por obediencia de la mayoría propia solo crea fracturas.
"La única verdad es la realidad": lo dijo Aristóteles, lo repitieron Kant y Perón. ¿Lo harán los legisladores cordobeses?
(*) Productor agropecuario