OPINIÓN. Lentamente, en una parte del campo argentino la olla de la disconformidad va tomando temperatura. Walter Giannoni. LA VOZ.

L entamente, en una parte del campo argentino la olla de la disconformidad va tomando temperatura. El “sector”, como habitualmente se lo denomina, cuenta con problemas dignos de ser tratados no sólo por funcionarios, economistas y especialistas del agro o la ganadería, sino también por esa ciencia cada vez más presente en el mundo de los negocios que es la psicología.
El análisis político es otra disciplina que los actores del mundo rural comenzaron a transitar con asiduidad. De hecho, hace poco tiempo la Sociedad Rural de Jesús María pidió condiciones para contratar a uno de los lúcidos referentes de esa especialidad, Jorge Giacobbe, con la intención de indagar sobre las perspectivas del ciclo kirchnerista. La disertación no pudo concretarse, pero quedó la intención.
En la reunión que esa organización efectuó el lunes pasado para preparar el camino hacia la asamblea que la Mesa de Enlace nacional realizará el 20 de marzo en Río Cuarto, quedó claro que, más allá de las cuestiones productivas –es decir, si llueve o no; o si el precio de la soja en Chicago sube o baja–, sobre el campo se ciernen problemas que pueden englobarse en dos grandes áreas.
La primera: ¿qué es el campo en esta Argentina 2013?
Aunque para la sociedad todo lo que provenga de ese lado está en la misma bolsa, el campo tiene varias caras, distintos frentes y muchos intereses. El primero que sabe esto a la perfección es el gobierno de Cristina Kirchner que, desde el conflicto de 2008, se ocupó puntillosa y dedicadamente a ir en forma separada por cada uno de los actores. Lo hizo sin descanso.
Cooptó a la industria molinera (uno de sus expresidentes es hoy un activo diputado de La Cámpora) y también, de la mano de Guillermo Moreno, a gran parte de la producción frutihortícola en el Mercado Central de Buenos Aires. Silenció a los exportadores de harinas y aceites de soja, dominó a las principales empresas lácteas, reguló y maniató el acceso a los mercados externos por parte de la industria frigorífica y, colateralmente, con instrumentos de política económica, expandió la presencia de los pools sojeros.
Del otro lado de la vereda quedaron parados los productores agropecuarios, es decir, aquellos hombres y mujeres que todavía se mantienen al frente de sus campos y que en el mejor de los casos reciben el equivalente a 330 dólares por tonelada de soja, sobre los 540 dólares que cotiza la oleaginosa en el mundo.
Sobre ellos fueron recientemente las camionetas de la Afip en busca de stocks para liquidar, luego de que Federación Agraria Argentina promoviera un cese de ventas, medida que por efecto de la inflación contra un dólar oficial estancado es antieconómica.
Esos productores han quedado atados al dólar oficial, a la inflación, a la suba de costos, tanto de producción como aquellos vinculados con la vida cotidiana. De su estado de ánimo depende la compra de maquinarias, vehículos, insumos, bienes durables, inmuebles o servicios, en grandes ciudades o en las poblaciones donde viven con sus familias.
Es esta franja la que, en mayor o menor medida, se reunirá en estado de asamblea en Río Cuarto. ¿Podrá volver aquel conflicto de 2008? Es difícil que ello suceda. La otra parte de ese amplio espacio que es el campo está actualmente asociado, manejado o controlado por el Gobierno. Estos productores, en consecuencia, conviven con una soledad digna de una copla surera.