Son de destacar la madurez de los dirigentes ruralistas y la decisión de la Justicia frente al provocador decreto para estatizar el predio de Palermo. LA NACIÓN.

Sin duda, el llamado a la paz social y al diálogo de parte de las entidades rurales agrupadas en la Mesa de Enlace representa un acto de madurez y responsabilidad política. Nada ni nadie, por mayor que sea la provocación contra el campo de los grupos más activos del oficialismo, puede hacer caer al ruralismo en la trampa abierta.

La última embestida ha estado dirigida contra el símbolo que expresa mejor que cualquier otro la significación de las actividades agropecuarias en el país, el predio de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo. Quienes se han propuesto falsificar la historia con igual descaro con que lo hacen con las estadísticas oficiales del Indec, creyeron encontrarse a sus anchas hace dos años, en la celebración del bicentenario de Mayo. Opusieron en su obnubilación la escuálida imagen de la Argentina de 2010 ante la constelación mundial de naciones, como si fuera creíble que al esplendor del Centenario de 1910, derivado del progreso arrollador que el país había adquirido en medio siglo desde la organización constitucional, lo podía degradar el ejército de propagandistas contratados para decir lo contrario.

Ese predio de la Rural, que la Presidenta resolvió estatizar con ligereza por decreto, es parte de aquella historia de la que reniega el oficialismo. Desde 1878 el predio de Palermo ha sido escenario de acontecimientos de valía internacional que certificaron las aptitudes excepcionales de la Argentina para alimentar la llamada mesa de los argentinos y la necesidad de nutrición de hombres y mujeres de todo el mundo. Ha sido escenario periódico de encuentros entre el campo y la ciudad, estímulo de interacción de dos culturas.

La respuesta argentina a aquellos requerimientos ha sido por mucho más de un siglo en cantidades que han proyectado su posición relevante como productora de carnes, de granos y otros alimentos, pero también en cuanto a la calidad por la cual se la reconoce en los mercados internacionales. El Gobierno ha parecido por momentos que lo comprendiera, pero para adularse con méritos ajenos y que nada le deben, a no ser las penurias por una política persecutoria hacia los productores.

El ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Norberto Yahuar, fue responsable de un comunicado en el que se exalta que la Argentina haya cosechado en 2012 cinco millones de toneladas de cebada. Pudo haber cosechado más, de no haber sido por los excesos hídricos que disminuyeron el peso de lo obtenido y afectaron la calidad de los granos. Sin embargo, Yahuar exageró más que de costumbre al afirmar que aquellos cinco millones de toneladas eran la consecuencia de una política oficial de fomento a la producción. Todo lo contrario. El aumento de ese cultivo ha sido la respuesta de los agricultores no sólo a las retenciones que pesan sobre el trigo, sino peor, a la regulación desde 2007 de un mercado que ha quedado sujeto a las arbitrariedades del secretario de Comercio. Fue precisamente éste quien anticipó el deseo de que el predio histórico cayera en las fauces del Estado.

Se cumple mañana otro bicentenario, el de la Asamblea Nacional Constituyente de 1813, con todo lo que esto suscita como recordación inapelable de que la generación de Mayo impulsó el libre comercio y la exportación de granos y la explotación de tierras que ya se advertían feraces. Hoy, se agregan a éstas muchas más, potenciadas por la tecnología y las prácticas agronómicas de las cuales los productores argentinos han hecho en estas últimas décadas una escuela de emulación mundial.

La denostada "maldita soja" ha sido la mina de oro, esparcida desde la zona central hacia el Norte en casi veinte millones de hectáreas, y ha generado, en los últimos diez años, la riqueza principal de la que se han aprovechado los gobiernos kirchneristas a raíz de que los precios internacionales han vuelto casi a los niveles de principios del siglo XX. Pero si la soja se ha cultivado en exceso, interrumpiendo ciclos de rotación indispensable para el mejor cuidado de los suelos y evitar la expansión de enfermedades en los plantíos, ha sido porque la política oficial se ha empeñado en que se siembre soja, porque asegura más altos ingresos para el fisco. No debe verse, pues, en la estatización del predio de la Rural, dispuesta con la invocación de que se había pagado (hace veinte años) "un precio vil", más que el símbolo de una política atentatoria de las actividades agropecuarias.

La Cámara Federal en lo Civil y Comercial ha restablecido, como se sabe, la situación que el Gobierno quiso resolver con una declaración de nulidad de la compraventa de los terrenos de Palermo e hizo saber que, si aquél tiene algo que discutir, debe hacerlo en sede judicial. Por fortuna, la firmeza que han demostrado los dirigentes ruralistas ha contado con el sentido de responsabilidad política y social que es necesaria en la República. Ello debe señalarse como una lección, incluso para entidades que se han abstenido de solidarizarse con la Rural en una cuestión que ha puesto, por las implicancias, una vez más en juego el interés general.