"No más impuestos a la producción y el crecimiento” se titula el comunicado que difundió durante el fin de semana la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) y en el que manifestó su “alarma” ante el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley denominado “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

Según las entidades ruralistas, no es más que “un nuevo impuesto que se suma a la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor”.

Para el agro, este mal llamado “impuesto a la riqueza” es en realidad “un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente”. 

“En un intento de resolver el enorme déficit fiscal, producto de sostener un gasto público que no sólo no se aminoró durante la crisis sino que, por el contrario, crece día a día, afectaría irremediablemente los recursos que hoy tiene el sector agropecuario para motorizar la economía y alcanzar el crecimiento a mediano y largo plazo”, se quejó el ruralismo.

Además, insistió en que no impactará solo en las grandes fortunas, como se asegura, debido a que grava los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio. 

“Ello hace que, en un gran porcentaje de los casos, los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deban desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen. También afectará la capacidad de invertir en paquetes tecnológicos adecuados, lo que disminuirá los rindes, la cosecha y, por tanto, la capacidad del sector para producir alimentos para abastecer los mercados internos y externos”, aseguró la Mesa.

Y continuó: “En definitiva, este ‘aporte’ es en realidad un verdadero impuesto a los activos, de asignación específica, que afectará la liquidez de los individuos y de las pymes de todo el país y de todos los sectores de la economía”.

Además, el ruralismo consideró contradictorio que el Gobierno esté intentando promover el comercio exterior, pero a la vez sume nuevos tributos que comprometen los activos y la capacidad exportadora del agro. 

“Por si fuera poco, es contrario al federalismo, ya que al no ser coparticipable genera nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales al poder central, lo que implica una ecuación costo-beneficio negativa para las provincias”, reclamó la Mesa.

También subrayó que el título que se eligió para promocionar el impuesto es engañoso, ya que solo el 20 por ciento de lo producido por el impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia. 

“Precisamente, en un momento en que nuestro país requiere recuperar la credibilidad y previsibilidad para atraer inversiones internas y externas que apuntalen su castigada economía y traccionen su recuperación de la crisis, este nuevo impuesto lo único que logra es minar la confianza y las expectativas a futuro”, concluyó la Mesa de Enlace.

Opinión cordobesa

En paralelo, la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) también dio a conocer un comunicado en el que fija su posición al respecto. 

“Venimos alertando que es inconstitucional por su carácter confiscatorio, su retroactividad, por no contemplar la capacidad contributiva y por desigual.  No genera más que incertidumbre y falta de señales claras para el sector. Se superpone a la tributación de bienes personales e incurre en una clara ignorancia en relación cómo se genera valor desde las cadenas agroindustriales”, criticó la SRJM.

La entidad coincidió en que esta iniciativa “representa un enorme desincentivo a la producción, la inversión y la confianza en Argentina, lo que afecta aún más la posibilidad de una rápida reactivación económica”. 

“Señores: no hay lugar para más impuestos. Toda medida que genere desconfianza sólo hará más difícil superar la actual crisis. Si lo que se quiere es lograr el desarrollo productivo y mejorar la situación en la que estamos sumergidos, evidentemente el incremento de la carga tributaria no es el camino”, enfatizó la SRJM.