La falta de freno a la inflación y las restricciones a determinadas actividades han colocado a la agroindustria nacional en inferioridad de condiciones. Alejandro Rollán. LA VOZ


Sin temor a empacharse, la suba generalizada de los costos se ha devorado durante el año a la competitividad del sector agroexportador. La inflación, que cerrará 2012 por encima del 25 por ciento, ha pegado de lleno en todas las actividades productivas, en un escenario en el que las cotizaciones sólo tuvieron aire suficiente para seguir por detrás al costo de vida. Algunos productos, inclusive, perdieron por goleada.

Entre septiembre de 2010 y el mismo mes de 2012, los precios de la hacienda en pie en el mercado de Liniers perdieron entre 14 y 17 por ciento de su valor (a precios constantes), de acuerdo con un informe de la Fundación Mediterránea.
El tipo de cambio tampoco ayudó a los productos argentinos a poder competir en igualdad de condiciones con los originados en otros destinos.

Los exportadores nacionales aseguran que el valor de la moneda estadounidense podría ser más eficiente, a los fines comerciales, si el Gobierno controlara la inflación y redujera la incidencia de los costos internos. Mientras tanto, productos como la carne y los lácteos peregrinan por el mundo en inferioridad de condiciones.

La industria procesadora de oleaginosas, considerada la más competitiva del mundo en su rubro, también está perdiendo fortaleza. El lastre lo genera el propio Gobierno, con medidas que afectan su eficiencia y encarecen sus costos.

En un lapso de tres meses, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Aduana se encargaron de complicarle la existencia.

En agosto, el complejo recibió con beneplácito la decisión oficial de levantar la prohibición de importar soja bajo el régimen de admisión temporaria. Sin embargo, en la práctica, fueron pocas las industrias que pudieron beneficiarse con la medida, que apuntaba a reducir la alta capacidad ociosa generada en el complejo por la caída en la cosecha nacional de soja.

En octubre, la reglamentación de la Afip que fijó los requisitos para llevar a cabo la importación temporaria la redujo a la mínima expresión. Uno de los requisitos establecidos fue que los exportadores interesados en importar soja no tengan deudas impositivas exigibles.

Ahí saltó el diferendo judicial que el Gobierno mantiene con los exportadores por un recálculo de retenciones realizado en noviembre de 2007. Por esta supuesta maniobra, la Afip, le exige al sector un pago de 600 millones de dólares.

El Gobierno considera esta deuda como exigible, mientras que para los exportadores no existe hasta que la Justicia demuestre lo contrario.

Por lo pronto, son pocos los exportadores que han podido importar soja y el potencial beneficio para el complejo está congelado.
La Aduana también se ha sumado a la tarea de erosionar la competitividad de las aceiteras. En octubre, puso en marcha nuevos controles en los embarques de aceites y harinas que, según los industriales, no hacen más que dilatar las operaciones y encarecer los costos.