La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Nacionales manifestó su “más absoluto rechazo” a una resolución del Banco de la Nación por la cual expresamente se dispuso una discriminación en el otorgamiento de financiamiento a productores de soja. La medida se alinea con posiciones de funcionarios nacionales que sostienen que los agricultores retienen varios millones de toneladas que privan al gobierno del ingreso de divisas, un talón de Aquiles del sector público en los últimos tiempos (aunque, en realidad, son varios los “talones” que exhibe el elenco oficial).

La CE afirmó en una declaración que la Resolución 4762 y Circular 1780/13 del Banco de la Nación Argentina (BNA) del 18 de diciembre representan “una medida claramente discriminatoria hacia el campo y que perjudica especialmente a los productores más chicos, que necesitan un financiamiento genuino para poder seguir produciendo”.
El BNA dictó aquél dispositivo con el carácter de “normas transitorias” hasta el 28 de febrero de 2014, aplicables a propietarios, arrendatarios o contratistas “cuya actividad principal o secundaria incluya producción de granos de soja”.

Violación de la Carta Orgánica

Las centrales agropecuarias observan que la disposición sustrae una alternativa de obtención de capital de trabajo a los productores, sobre todo pequeños y medianos, y contradice “abiertamente la misión del BNA”, tal como lo prescribe su Carta Orgánica que establece que sus créditos deben estar “destinados a atender todas las necesidades de financiación de los productores, especialmente de los pequeños y medianos”.

“Pensar, además, que todos los productores de soja tienen la misma capacidad financiera es una muestra más del desconocimiento que tiene el Gobierno sobre la situación real del campo argentino”, apunta la CE.
Por otra parte, “la medida pretende desfinanciar a los productores y obligarlos a vender soja, en caso de que la tengan, desconociendo que gran parte de la cosecha ya no está en manos de los productores”.
Sin embargo, “el principal factor que induce al productor agropecuario a vender el fruto de su esfuerzo en forma escalonada, si es que lo puede hacer, es la altísima inflación y la necesidad de resguardar el valor de su trabajo a lo largo del año para hacer frente a los gastos y a las inversiones que requiere la producción”.
La Comisión de Enlace reclama “se revierta esta medida discriminatoria contra el campo, que se permita al agro financiarse en igualdad de condiciones que el resto de los sectores de la economía, y que el gobierno tome urgentes medidas para revertir la grave situación generada por el desmanejo económico y financiero a todos los niveles de gobierno, en vez de trasladar –una vez más- la responsabilidad de sus propios errores al campo”.