Los ingenieros agrónomos de Córdoba observan “con preocupación la falta de consideración en la conformación del Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en materia de aplicaciones fitosanitarias creado por la Resolución 1/2018”, se puntualizó en un comunicado del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba (CIAPC) que lleva la firma de su presidente, el Ing. Roberto Cavallin. AGROVERDAD

Reclamo
Si bien desde el CIAPC celebran la iniciativa conjunta del Ministerio de Agroindustria y del Ministerio de Ambiente de la Nación, señalan que “para nosotros es de suma importancia formar parte del Grupo de Trabajo propuesto en la Resolución, porque entendemos que la representación de los ingenieros agrónomos -profesionales responsables del uso y aplicación de fitosanitarios- es valiosa y necesaria“.
Resaltan que la Resolución 1/2018 hace referencia a las normas provinciales en materia de control y aplicación de productos fitosanitarios, las cuales han sido impulsadas por los Colegios y Consejos profesionales que nuclean a los Ingenieros Agrónomos en las jurisdicciones correspondientes.
En este sentido destacan: “hemos sido importantes actores en la escritura de estas leyes, promoviendo consensos con distintos sectores involucrados en la temática“.
El comunicado indica que “el CIAPC y la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) vienen trabajando de manera conjunta con organismos como INTA, SENASA, Ministerio de Agroindustria de la Nación, ministerios de agricultura provinciales, organizaciones de productores, cámaras empresariales entre otros, en materia de fitosanitarios”.
Y agregan “contamos con comisiones de trabajo dedicadas a la temática en cuestión, como lo son la Comisión de Fitosanitarios y la Comisión de Agricultura Urbana y Periurbana”.
Un problema de todos
El comunicado del CIAPC sostiene que se trata de una problemática “transversal que abarca gran parte de las áreas de trabajo donde el tratamiento de la responsabilidad compartida entre ingenieros agrónomos, productores, aplicadores y el Estado como contralor en el uso de fitosanitarios en áreas sensibles -como son las periurbanas o las adyacencias de establecimientos escolares-, son ejes centrales, así como sus implicancias sociales, ambientales y económicas”.
Expresan, por último, que los ingenieros agrónomos “estamos comprometidos, desde siempre, con el tema de las Buenas Prácticas Agropecuarias y Ambientales”.