Un estudio realizado por el consultor y ex Secretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet, determinó el resultado conseguido por un productor de soja en un campo arrendado, a 300 kilómetros de los puertos del Gran Rosario, con un rendimiento de 35 quintales por hectárea y un alquiler de 1 quintal por hectárea.
El trabajo de Roulet permitió determinar el ingreso que tuvo el productor por hectárea de soja, a lo que se restan las retenciones, el costo del flete para trasladar la mercadería a la zona portuaria, los costos de alquiler y el pago del resto de los impuestos, y finalmente la ganancia que obtiene el productor.
Según reflejó el estudio, aquel productor que sembró en campo alquilado realizó una inversión por hectárea de 741 dólares, que equivale a 32 quintales por hectárea. El ingreso de dólares al país por hectárea fue de 1.155. De ahí hay que descontar los costos de producción que llegaron a 465,01 dólares; los costos de fletes por el envío de la producción al puerto, que llegó a 22,75 dólares, y los costos de infraestructura que se ubicaron en 20 dólares.
Por su parte, el ingreso al Estado mediante el cobro de los impuestos y sin asumir ningún tipo de riesgo, significó el 45,80% del negocio total de la oleaginosa y alcanzó los USD 529,17 por hectárea, de los cuales USD 329,5 por hectárea correspondieron a las retenciones.
En todo este contexto, el productor solamente obtuvo una ganancia de USD 3,96, lo que representó el 0,34% del total del negocio de la oleaginosa de la campaña anterior.
Por su parte, el dueño del campo que alquila el mismo a 12 quintales por hectárea, una vez restado el costo impositivo le quedó un neto de 114,11 dólares por hectárea, lo que equivale a cobrar 4,95 quintales por hectárea.
Recordemos que un reciente informe publicado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) reflejó que la participación del Estado en la renta agrícola era de casi un 70% en junio pasado, donde un 26% del total de los impuestos son coparticipables, un 67% son nacionales (no se coparticipan), un 5,2% son provinciales y un 0,8% municipales.