La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias volvió a protestar por las decisiones impositivas adoptadas por el gobierno de Córdoba para el 2017, le reprochó haber ignorado sus reclamos y sintetizó sus objeciones sosteniendo que “el incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural será muy superior al 35% promedio” que han anunciado las autoridades. AGROVERDAD

La CE recrimina al Ejecutivo y también a la Legislatura “un mensaje oficialista distorsionado” que ha instalado en la opinión pública “la injustificada percepción de que el sector productivo agropecuario cordobés hace frente a un impuesto territorial barato”, lo cual no es cierto porque al tributo hay que agregarle “las cuantiosas erogaciones” que el gobierno percibe a través del Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural, el Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos, el Fondo para Consorcios Canaleros y el Fondo de Infraestructura para Municipios y Comunas.
En su declaración, las entidades lamentan “no haber sido escuchados por el Ejecutivo Provincial” aunque confían todavía en “la sensibilidad y coherencia de los Legisladores para atender el reclamo del interior productivo cordobés”.
La posición de la CE fue expuesta durante la Audiencia Pública que se realizó ayer en la Legislatura provincia, que forma parte del trámite de aprobación del Presupuesto 2017. Por lo visto hasta ahora, el proyecto marcha hacia su sanción, tal cual fuera enviado por el Ejecutivo.
Se conjeturó en algunos ámbitos que el cuestionamiento de la Comisión de Enlace provocará algún chisporroteo imposible de disimular o mellar la relación entre el campo y el gobierno.
A los anuncios de obras de infraestructura –caminos, principalmente- y un Fondo para fomentar las Buenas Prácticas Agropecuarias, que se ha presentado como un sistema de “premios y castigos”, para favorecer por ejemplo, las labores de conservación de suelos.
“¿Por qué los productores agropecuarios debemos confiar en que luego de 17 años de promesas de ejecución de obras de infraestructura incumplidas por parte de un Gobierno de idéntico signo político a lo largo de esos años ahora sí serán efectivizadas?”, pregunta la CE.
Texto de la declaración
Después de su presentación en la Audiencia Pública de la Legislatura, la Comisión de Enlace hizo pública la siguiente declaración:
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba ha intentado, en vano, que el Ejecutivo Provincial comprendiera el carácter absolutamente inoportuno de su decisión de incrementar el Impuesto Inmobiliario Rural para la anualidad 2017.
En el año 2003, el Gobierno de Córdoba comenzó a agregar al Impuesto Inmobiliario Rural una serie de “Fondos” específicos, con el propósito de mejorar la recaudación sin que se incrementaran los montos coparticipables ni fuera necesaria la apertura de los Jurys de Valuación, que posibilitarían una mejora en las arcas provinciales pero provocarían, al mismo tiempo, un aumento en la tributación de impuestos nacionales.
Esa decisión, comprendida y avalada por los productores, en un escenario de enfrentamiento entre las administraciones Nacional y Provincial hoy ya superado, determinó que el tributo territorial rural quedara integrado por el Impuesto Inmobiliario propiamente dicho, al que se agregaron, en el mismo cedulón de pago, el Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural, el Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos, el Fondo para Consorcios Canaleros y el Fondo de Infraestructura para Municipios y Comunas. Cada uno de esos Fondos tiene un importe claramente detallado en el Presupuesto Provincial pero el monto total recaudado en concepto de Impuesto Rural básico no se discrimina sino es considerado en conjunto con el Impuesto Inmobiliario Urbano en un rubro denominado “Impuesto Inmobiliario” que hace imposible desagregar ambos componentes y conocer, en consecuencia, el valor de cada uno.
Es por ello que cuando el Gobierno Provincial declara que la contribución de los inmuebles urbanos, en esta ocasión, no se incrementará por encima del 30% pero en el proyecto de Presupuesto elevado a la Unicameral el aumento del valor de ambos componentes en conjunto evidencia un incremento interanual del 78%, es fácil advertir que esa enorme diferencia compensatoria provendrá del aumento en la presión impositiva a las propiedades rurales, poniendo en evidencia que el incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural será muy superior al 35% promedio proyectado.
Por otra parte, frente a la situación de atraso de las valuaciones fiscales de las propiedades rurales, superado el enfrentamiento con el Gobierno Nacional que justificaba su falta de actualización, las administraciones municipales incrementaron sus reclamos para generar un sinceramiento de esos valores que permitiera lograr un aumento de los montos coparticipables. El Gobierno Provincial decidió, entonces, llevar adelante un revalúo unilateral de dudoso y discutible sustento legal que implica, en la práctica, un incremento inicial del 1.500 % en el valor de los campos, con todas las derivaciones tributarias que ello provoca para los propietarios de los campos cordobeses, a lo que debe sumarse el marco de incertidumbre y enorme vulnerabilidad a que se los expone, ya que en el futuro pequeñas modificaciones en el valor de las alícuotas podrán traer aparejados cuantiosos incrementos en el precio del Impuesto Inmobiliario Rural.
En la opinión pública existe la injustificada percepción de que el sector productivo agropecuario cordobés hace frente a un impuesto territorial barato, como consecuencia de un mensaje oficialista distorsionado, que ha puesto foco solamente en los montos del impuesto inmobiliario propiamente dicho, sin considerar las cuantiosas erogaciones que en concepto de fondos específicos se efectúan al momento de honrar el pago, los que en conjunto – hasta el año 2016 – representaron el 95 % del monto total del cedulón que efectivamente debe cancelarse y que ascienden en la actualidad a 1.850 millones de pesos anuales.
Desde el año 2004 hasta la fecha, el monto total aportado por el campo cordobés en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural y Fondos Específicos ha experimentado un aumento en Dólares del 500%, llegando a equipararse hoy, en valores absolutos, a las erogaciones que un productor debe afrontar para cubrir los gastos de cosecha en las mejores tierras de la geografía cordobesa. El Estado cordobés se ha convertido en un socio demasiado caro para el productor agropecuario, aspirando dineros del sector que no vuelven en obras y que ni siquiera son enteramente ejecutados con la finalidad para la que fueron recaudados, pasando a engrosar los fondos de la cuenta de rentas generales.
Si lo presupuestado y efectivamente recaudado no se ejecuta en su totalidad ¿Qué otro destino puede imaginarse para el 35% de aumento promedio del Impuesto Inmobiliario Rural decidido por el Gobierno, que no sea solamente el de engrosar las arcas provinciales para morigerar el cuantioso déficit previsto? ¿Por qué los productores agropecuarios debemos confiar en que luego de 17 años de promesas de ejecución de obras de infraestructura incumplidas por parte de un Gobierno de idéntico signo político a lo largo de esos años ahora sí serán efectivizadas?
La desidia del Gobierno Provincial fue determinante para que a lo largo del último ciclo productivo Córdoba sufriera las consecuencias de la inundación que afectó a un millón de hectáreas de las mejores tierras productivas del país, cuyo efecto hubiera sido mínimo si se hubieran ejecutado las obras de infraestructura tantas veces prometidas y largamente abonadas por cada uno de los productores de nuestra Provincia. Sin embargo, la falta de obras de retención de agua tierras arriba y de drenaje en zonas bajas ocasionaron pérdidas productivas que se cuantifican muy por encima de la caída de producción de aquellos lotes que no pudieron ser cosechados o de la pérdida contabilizada de hacienda, ya que el deterioro de los suelos como consecuencia de la salinización derivada de las inundaciones hará sentir, por años, sus efectos.
Asimismo, el arco productivo de los departamentos del noroeste provincial continúa con trabas ambientales que le ponen un freno inexplicable a la posibilidad de producción ganadera y a la preservación del bosque nativo.
Frente a esta realidad inocultable, nada justifica un incremento impositivo que golpea de lleno en la capacidad financiera del productor cordobés y que duplica la inflación prevista en el Presupuesto Nacional, toda vez que el último aumento llevado a cabo a fines del año 2016 fue ejecutado a cuenta de los mejores valores de rentabilidad que se obtendrían como consecuencia de los cambios que se esperaba ocurrirían en la economía luego de las últimas elecciones presidenciales.
Es decir que se está pretendiendo actualizar un tributo que ya fue incrementado el año pasado a cuenta de las eliminación de trabas económicas que sufría el productor agropecuario argentino y a un valor que multiplica por dos la pauta inflacionaria para todo 2017.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba deja expresamente aclarado que, en esta oportunidad, los productores agropecuarios que representa no están en condiciones de avalar el incremento impositivo propuesto por el Gobierno Provincial y ofrece la posibilidad de ayudar en la asignación, administración y auditoría de los fondos destinados al mantenimiento de los caminos rurales, los consorcios canaleros y los consorcios de conservación de suelos para eficientizar una administración que se evidencia completamente colapsada y superada por la realidad.
Lamentamos no haber sido escuchados por el Ejecutivo Provincial y apelamos a la sensibilidad y coherencia de los Legisladores para atender el reclamo del interior productivo cordobés.