El martes, las centrales nacionales se reunirán con De la Sota, antes de la asamblea de Río Cuarto. Los cedulones del Inmobiliario vienen con extras. Carlos Petroli. LA VOZ DEL CAMPO

Se cumplieron esta semana cinco años del ensayo de las retenciones móviles y las distintas actividades del agro siguen con viento de cola internacional. Pero, en el frente doméstico, el barco se desplaza a contramano de ese envión, en una borrasca de distorsiones.

Las centrales que componen la mesa agropecuaria nacional vendrán el martes a Córdoba para reunirse con el gobernador José Manuel de la Sota en un rally que las llevará al día siguiente (el miércoles, a las 11) a la asamblea en la Sociedad Rural de Río Cuarto. En esta, los productores de una amplia región debatirán los pasos a seguir en las relaciones con el Gobierno nacional.
Aunque surgieron cortocircuitos con la tasa vial y los aumentos en el Impuesto Inmobiliario, los líderes rurales apreciarán la foto con De la Sota del mismo modo que lo hicieron la semana anterior en Expoagro con otros dos gobernadores: el bonaerense Daniel Scioli y el santafesino Antonio Bonfatti.

Desde esa lente, los mandatarios de las principales provincias agropecuarias tienen claro que las soluciones determinantes a los problemas del sector productivo están en manos del Gobierno nacional.

Con motivo del aniversario de la 125 –a la que recordaron como “una medida confiscatoria y autoritaria”– las centrales rurales diagnosticaron que los problemas siguen sin resolverse, e instaron a habilitar “espacios de diálogo serios” para arbitrar soluciones.

Cedulones recargados. En la vereda provincial, los representantes del agro irán hoy al Ministerio de Finanzas, para concretar el postergado encuentro con el secretario Luis Domínguez y repasar los números del Inmobiliario.

El mal trago de los productores llegó con los cedulones. Según los reclamos que trasladaron las entidades al ministro de Agricultura, Néstor Scalerandi, los aumentos superan largamente el 54 por ciento promedio convenido con el gobernador a fines del año pasado, previo a la sanción de la ley impositiva de 2013. En no pocos casos, el ajuste supera el 80 por ciento del impuesto pagado el año último, denunció Coninagro.

La entidad adelantó que pedirá a las autoridades que “dispongan de inmediato la revisión de la medida, que ha vulnerado los acuerdos alcanzados en noviembre de 2012”, con el Ejecutivo.

La Federación Agraria anticipó que se solicitará una prórroga, hasta tanto “se constate fehacientemente” el motivo de las diferencias.

Cartez, por su lado, reclamó que se subsanen las diferencias, de manera que “el aumento no signifique el incumplimiento de lo acordado entre la Provincia y las entidades gremiales y, a la vez, un perjuicio para los aportantes”.

Con esta seguidilla de planteos, la cúpula rural buscaría dejar sentado el reclamo y, de paso, evitar que las bases encuentren motivos para facturarles una supuesta “mala praxis” frente a este avance fiscal.