Después del masivo Banderazo del sábado, que fue una protesta que trascendió la mera cuestión de la empresa Vicentin, el gobierno intenta salir del atolladero en que se metió pero sin renunciar al propósito de quedarse con la cerealera. AGROVERDAD

El presidente Alberto Fernández se reunió con el interventor Gabriel Delgado, quién al término de la conversación escribió en su cuenta de Twitter:
 
El gobierno hace trascender que dejará de lado la expropiación pero condicionando esa supuesta “concesión” a que el juez del concurso preventivo acepte la “propuesta Perotti”.
Ésta propicia que la empresa quede en manos de un “triunvirato” de interventores –los dos designados por Fernández más uno que se agregaría en representación del gobernador santafesino-, desplazando al directorio de los accionistas, esto es, a la familia Vicentin.
O sea, como definiera un miembro de la familia el sábado, una “expropiación light”.
Fernández no ha renunciado para nada a su plan original. Lo ha ratificado varias veces el fin de semana pasado.
Por tanto, lejos se está de haberse superado el conflicto. No se cree que el juez Fabián Lorenzini vaya a resolver hoy o rápidamente las pretensiones del gobernador Perotti.
Entretanto, cuando esta mañana Vicentin abra sus puertas, los ejecutivos de la compañía retomarán el control de la empresa, tal como lo dispusiera el viernes el magistrado.
El gobierno insiste con versiones respecto a que la compañía estaba a punto de ser “extranjerizada” y que sus dueños están sospechados por presunto lavado de dinero y triangulación de fondos con sus filiales en el exterior. Pero esto, de contarse con pruebas, es materia de la justicia penal.
La masiva movilización del sábado manifestó al gobierno y al kirchnerismo una extendida voluntad de defender la institucionalidad, la Constitución, la Democracia y la República, conforme a los testimonios que se escucharon en todas partes y que la "expropiación" de Vicentín solo fue una gota que rebasó el vaso.