En medio de la transición de la gestión de José Manuel de la Sota hacia la transmisión del gobierno de Córdoba a Juan Schiaretti el 10 de diciembre, cobró vuelo una inesperada tensión en las relaciones del campo con las autoridades, actuales y futuras: una asamblea realizada ayer en Villa María les advirtió que se rechazará cualquier intento de aumentar el Impuesto Inmobiliario Rural en los proyectos de Presupuesto y Leyes tributarias para el 2016. AGROVERDAD

No sólo eso, sino que se demandó una rebaja del 30% en las contribuciones que hace el campo al estado provincial y se dejó asentado que no se admitirá que el cumplimiento de una promesa electoral, como fue la eliminación de la Tasa Vial que se impuso en la administración de la Sota, sea pagada por los productores vía un incremento de los gravámenes que viene pagando. (El acta de conclusiones, al final de esta crónica)

El achique de la presión tributaria que se peticiona obedece a la caída de ingresos y pérdida de rentabilidad de las producciones agropecuarias.

Así las cosas, se notificó al gobernador electo que si se desoyen los reclamos del campo se “dificultará el buen diálogo del sector productivo agropecuario con el gobierno provincial”.

Aunque en la deliberación no se llegó a la adopción de medidas sí quedó flotando la idea de hacer una “vigilia” ante la Legislatura provincial cuando se haga ingresar los proyectos de Presupuesto y Leyes Impositivas, a mediados de octubre.

Presentes y ausentes
De la asamblea , impulsada por la Comisión de Enlace de Córdoba –integrado en la actualidad por CARTEZ, CONINAGRO y Sociedad Rural Argentina-, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural de Villa María, participaron representantes de 55 entidades, entre Sociedades Rurales, Cooperativas, Consorcios Camineros y Consorcios de Conservación de Suelos.

Estuvieron presentes delegados de 4 filiales de Federación Agraria Argentina pero no la FAA Córdoba, que dirige Agustín Pizzichini.

La convocatoria fue disparada por mensajes que se transmitieron a la CE en el sentido de que en los proyectos de Presupuesto y Leyes Impositivos para 2016 se estaba analizando “un reacomodamiento” de las cargas impositivas que por distintos conceptos paga el campo, que se traducirán en un aumento de los tributos.

Por caso, en la asamblea se mencionó que la promesa electoral de eliminar la Tasa Vial, que reporta al Estado 700 millones de pesos, 300 de los cuales aporta el agro, se haría sobre la base de reemplazarla por la contribución rural. Lo cual representaría entonces un incremento de los impuestos al campo. El sector entiende que, entre las cargas que se le mantendrían o aumentarían estaría el Fondo para los Gasoductos. Se interpretó una contradicción su existencia con la información que indica que el gobernador electo estuvo gestionando financiación en China para esa obra.

7 puntos
La mesa que dirigió los debates terminó elaborando un acta que resume las conclusiones. Son las siguientes:

-1) Enfática negativa al aumento del impuesto inmobiliario rural en atención a la situación económica por la que atraviesa el sector agropecuario.

-2) Reclamamos una reestructuración de la conformación porcentual con la que se constituyen los diferentes fondos (agropecuarios vigentes), distribuyendo el monto destinado al fondo rural para infraestructura y gasoductos, entre los demás rubros, ante la falta de ejecución de las obras comprometidas a tal fin.

-3) No aceptar que la derogación de la tasa vial sea reemplazada por un aumento del impuesto inmobiliario rural, ya que la misma fue instrumentada solo por una emergencia.

-4) Solicitar una revisión del incremento del canon por el uso de aguas subterráneas.

-5) Reclamar por la situación derivada de la disminución del monto a partir del cual se admite la conformación de un grupo parcelario.

-6) Insistir en que un incremento del impuesto inmobiliario rural dificultará el buen diálogo del sector productivo agropecuario con el gobierno provincial.

-7) Finalmente, solicitamos una reducción efectiva del 30% del monto a abonar en cada cedulón del citado impuesto, a partir de la anualidad 2016.