Las posiciones antagónicas entre los productores y la industria aceitera no son una buena noticia para un país que apunta a consolidar su liderazgo mundial en la producción de alimentos. AGROVOZ

Favio Ré

Recién comenzaba el segundo semestre de 2018 cuando el por el entonces ministro (hoy secretario) de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, recibió en su despacho al presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano.
La reunión sirvió para que el empresario cordobés le acercara una idea que podía servir para luchar contra el déficit fiscal que estaba comenzando a ahogar al Gobierno: eliminar el diferencial de retenciones que había entre la soja exportada como poroto y los subproductos (harinas y aceites). Estos últimos, vale recordarlo, tributaban tres puntos menos de derechos de exportación.
Un mes y medio después, cuando el ahogo ya estaba deviniendo en asfixia, el Ministerio de Hacienda anunció que, a partir de febrero, todas las exportaciones de soja convergirían hacia la misma alícuota. Llegó septiembre, las cuentas públicas ya casi sin aire y el sacudón que nadie esperaba: el retorno de las retenciones para todos los productos, con el sistema de cuatro pesos por dólar para commodities y tres pesos para productos con valor agregado.
Pero el Gobierno decidió que la soja molida y enviada al mundo como harina y aceite tuviera la misma consideración que el poroto e hizo desaparecer de un plumazo una ventaja que la industria tuvo durante muchos años y que fue uno de los puntales para transformar al polo oleaginoso del Gran Rosario en uno de los más importantes del planeta.
A poco de ocurrida, la eliminación de este diferencial hizo nacer una grieta que, lejos de achicarse, se ensancha cada vez más y no es una buena noticia para un país que apunta a consolidar su liderazgo mundial en la producción de alimentos.
Posiciones
De un lado, productores y dirigentes que están de acuerdo con que todos tributen lo mismo; del otro, las empresas y otros tantos dirigentes que cuestionan la decisión porque –entienden– desprotege a la industria y al agregado de valor local.
La posición del grueso de la dirigencia rural es que ese diferencial tenía sentido cuando la industria no estaba desarrollada. Pero que ahora, con la dimensión que alcanzó, puede prescindir de esta ventaja sin que el negocio se vea tan perjudicado.
Subrayan, además, que el precio que reciben los productores es el mismo que antes. “Era una promoción que sólo se la quedaban ellos. Dinero que el Estado perdía de recaudar y que nunca se trasladó al productor”, se quejan en el agro.
Para defender su postura, en tanto, las aceiteras citan un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que estimó que mientras una tonelada de soja sin procesar paga 90 dólares de retenciones, transformada abona 100 dólares. “Se castiga el agregado de valor en origen con 10 dólares, cuando en todo el mundo la industria es subsidiada”, razonan a la vera del Paraná.
En voz baja, también sospechan de alguna influencia de China, que en el marco de su guerra comercial con Estados Unidos necesita comprar más porotos de soja en América latina. En tal sentido, razonan que para la misma época en que se modificó el esquema de retenciones se terminó de acordar un nuevo swap de dólares con el gigante asiático, para asistir al Banco Central y reforzar sus reservas internacionales.
Otro reporte de la Bolsa rosarina estimó que, en un escenario de máximas exportaciones de poroto (15 millones de toneladas) y menos de subproductos (35 millones), la soja generaría 17.750 millones de dólares.
Un escenario diametralmente opuesto (sólo siete millones de granos y 43 millones de derivados), sumaría 18.050 millones.
La diferencia entre el “mínimo” y el “máximo” agregado de valor, entonces, son 300 millones de dólares. Es como si en un producto que cuesta 100 pesos, se discutiera por 1,70 pesos.
¿Vale la pena una grieta cada vez más ancha y honda por esta diferencia? La respuesta de la industria es que ese dinero, mirado de manera global, no es significativo, pero sí en términos de la facturación de las empresas de crushing que vienen de un año con bajísima rentabilidad por la sequía.