El diputado provincial de Santa Fe Del Frade presentó un recurso contra la Resolución 37/2017 que exceptúa al Estado del control granario-exportador. ÁMBITO

YANINA OTERO

La justicia aceptó el recurso de amparo, presentado semanas atrás por el diputado provincial santafesino por el Frente Social y Popular, Carlos del Frade para declarar inconstitucional la Resolución 37/2017 del SENASA, que exceptúa a las exportadoras de los controles sanitarios de los granos cuando no es requerido por el país de destino. De ahora en más la entidad tiene 10 días para contestar las acusaciones y la justicia decidirá y si abre una investigación.

"Esta resolución que comenzó a regir en enero de este año busca claramente beneficiar a las grandes empresas multinacionales en detrimento de miles de puestos de trabajo y de la soberanía alimentaria. De esta manera se han transferido alrededor de $1.500 millones a las multinacionales que ya no deben pagar por el control de lo que exportan, al mismo tiempo miles de trabajadores del SENASA ven peligrar su fuente laboral y como si fuera poco el Estado ya no tiene el control sanitario y físico de lo que se exporta. De esta manera las multinacionales declaran la mercadería y también pueden evadir al fisco", detalló a Ámbito Financiero Del Frade.

La resolución en cuestión abarca a todos los granos y subproductos, justamente lo que más exporta la Argentina. "Luego de la reunión del presidente Mauricio Macri con la cámara aceitera y los exportadores se hizo efectiva esta medida que supuestamente busca eliminar trabas burocráticas pero claramente es una transferencia de recursos y funciones", explicó el diputado provincial.

El recurso de amparo no fue el único movimiento del Del Frade sino que también realizó un pedido de informe en la Cámara de diputados de Santa Fe que recibió el visto bueno de los legisladores y ahora espera una resolución del Senado. Además denunció penalmente al presidente Mauricio Macri, al Jefe de Gabinete Marcos Peña, al titular de la cartera Agroindustrial Ricardo Buryaile, al presidente del SENASA Jorge Dillon y al titular del organismo en Santa Fe Cristian Cunha. El documento presentado en la Justicia Federal solicita la investigación del delito de "usurpación de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". 

Así es que en las próximas semanas se develará un nuevo capítulo que tiene como protagonistas no sólo a los máximos funcionarios públicos sino también a las mayores empresas exportadoras del complejo granario argentino, la cuestión ahora está en manos de la justicia.