Opinión. Por Gerónimo Venegas |  LA NACION


El Estatuto del Peón Rural convertido en ley por el Congreso de la Nación es una muestra más de la persecución política que el gobierno nacional ejerce sobre todos los que piensan diferente y buscan a través del diálogo democrático construir un país de consensos que defienda los derechos de los ciudadanos.

Esta nueva ley, que establece la eliminación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre), avasalla las garantías constitucionales en forma caprichosa y unilateral destruyendo un organismo que es un excelente ejemplo de tripartismo en la gestión de los derechos laborales y de la seguridad social.

En conjunto con las entidades agropecuarias y el gremio que dirijo (Uanión Argentina de Trabajadores Rurales y estibadores -Uatre-) logramos en diez años que el Renatre se convierta en un organismo encargado de subsanar la exclusión social del trabajo rural, fruto del vacío legal del Estado, y que se erija como ejemplo en todo el mundo de verdadero diálogo social entre los trabajadores, empleadores y Estado para atender al eslabón más vulnerable de la cadena productiva: el trabajador rural.

El Renatre es un ejemplo de este diálogo real, ya que los trabajadores y empleadores rurales, con una Sindicatura del Estado Nacional, han llevado adelante una administración austera de los fondos que son salarios diferidos de todos los trabajadores rurales del país.

Esta tarea le ha valido al Registro el reconocimiento internacional, ya que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les ha aconsejado a todos los Estados miembros copiar el ejemplo del Renatre en sus respectivos países.

En todo el mundo, el paso de una administración estatal de la Seguridad Social a una de carácter tripartito es un claro ejemplo de evolución. El proyecto del Poder Ejecutivo es una muestra clara de retroceso en materia de derechos sociales, ya que se apropia del patrimonio del Renatre vulnerando la Constitución argentina y violenta los derechos de los trabajadores.

Los empleadores rurales, antes de la creación del Renatre, contribuían al Fondo de Empleo de la ley 24.013, pero los trabajadores rurales no percibían la prestación por desempleo que los demás trabajadores cobraban normalmente. Es por ello que este subsistema de la seguridad social terminó con el vacío resultante de la exclusión de tal cobertura.

Atropello a la Constitución

En la actualidad, los trabajadores rurales enmarcados en la ley Nº 25.191 gozan de una prestación económica (800 pesos) considerablemente superior a la que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses , 400 pesos), como así también de cobertura de salud y seguro de sepelio para él y su grupo familiar declarado. Es oportuno, resaltar que a partir del 1° de enero de 2012, el monto máximo de la prestación por desempleo que otorga el Registro se elevó a 960 pesos.

La reforma del estatuto del peón impulsada por el Poder Ejecutivo, que desoye el proyecto original consensuado entre el gremio y las entidades patronales del sector, constituye un atropello contra la Constitución argentina, ya que confisca el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) violando el artículo 14 bis que establece que los organismos de la seguridad social estarán administrados por los interesados con la participación del Estado.

Se viola la Constitución

Asimismo, atenta contra el artículo 17 de la Carta Magna, el cual dice que la propiedad es inviolable y la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley. Además, agrega que la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino.

Las modificaciones al proyecto presentado por la Uatre y las entidades que integran la Mesa de Enlace, introducidas por el gobierno nacional, atentan contra el sindicato, desguazándolo en varias partes quitándoles representación a los trabajadores.

Además, transforman al Renatre en un apéndice burocrático del Ministerio de Trabajo.

El gobierno nacional también puso techo, sin escuchar a lo acordado entre el gremio y la parte empresarial representada por las cuatro entidades, a las negociaciones salariales imponiendo un aumento del 25 por ciento para los trabajadores rurales cuando se reclamaba un 35,7 por ciento. Esta actitud demuestra la hostilidad del Gobierno hacia la Uatre y limita el derecho que poseen los trabajadores de gozar de una mejor remuneración.

Esta maniobra desvergonzada y contraria a los principios democráticos y republicanos del país sólo persigue un fin revanchista contra el sector agropecuario que supo manifestarse legalmente en defensa de sus derechos y ejercer una crítica a las políticas equivocadas que, de manera constante, lleva adelante el gobierno nacional y perjudican a todos los habitantes de nuestro país.

El autor es secretario general de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) .