La realidad es que, en la actualidad, alrededor de 60% de la superficie cultivada en nuestro país está asegurada, según datos aportados por la compañía Zurich.

Pese a que el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yahuar, confirmó a principios del año pasado que, por precisas instrucciones de la presidenta Cristina Fernández, trabajaba junto al Banco Nación y a compañías aseguradoras para avanzar hacia lo que sería un seguro obligatorio para el campo y un apoyo a los pequeños productores que no puedan costearlos, los anuncios quedaron allí no más y la realidad es que, en la actualidad, alrededor de 60% de la superficie cultivada en nuestro país está asegurada.

El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por directivos de la compañía Zurich, quienes consideraron que “si bien ello refleja un nivel de aseguramiento bueno en relación con el desarrollo que tiene este segmento en Latinoamericana, aún hay mucho potencial de desarrollo y es importante continuar trabajando sobre ese 40% restante de hectáreas que aún no cuenta con un aseguro”.

Y consideraron: “La clave está en promover la conciencia aseguradora para que cada vez más productores agropecuarios tomen el seguro como una herramienta válida de protección, y estar cerca de los clientes brindándoles soluciones relevantes, pensadas para satisfacer sus necesidades”.ç

Medianería
Después de la sequía que afectó la campaña de 2012, el ciclo pasado parecía más prometedor pero el saldo final de cosecha 2013 dio una producción de entre 100 millones y 105 millones de toneladas, según a quien pertenezca el cálculo. Como fuere, la producción fue menor que la esperada, afectada por las inundaciones primero y por la falta de agua, después.

A la cuestión climática se le sumó la suba de los costos y la no baja o quita de las retenciones, lo que determina un combo que, según los productores, “hace que se sepa de antemano que casi todas las producciones van a dar pérdidas”. Así lo aseguró a este medio el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. Por ello, las malas proyecciones climáticas, productivas y de presión impositiva impulsaron un cambio en las condiciones contractuales respecto de la tierra, entre propietarios de campos y arrendatarios, hoy más socios que en cualquier otro momento.

Según lo que detallaba a este medio el economista Orlando Ferreres, “ya casi no se alquila; nadie quiere correr el riesgo de perderlo todo. Se trata de ir a una proporción de lo que se coseche y que ése se considere como pago del alquiler”, dijo, y agregó: “Eso se llama medianería. Trabajan a medias con el dueño del campo, uno pone la tierra y el otro, el trabajo”.