OPINIÓN. LA NACIÓN


La reiterada rotura de silobolsas, denunciada en los últimos tiempos por productores de varias provincias constituye una nueva modalidad delictiva que está provocando graves perjuicios al campo.

Se trata de un delito contra la propiedad privada que está definido dentro de la figura de "Daño", descripta por el artículo 183 del Código Penal. El delito de daño refiere a quien "destruye, inutiliza, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañe una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado". Así, cuando hablamos de roturas de silobolsas nos referimos a un delito contra la propiedad privada que requiere de una investigación para encontrar a sus autores.

Hasta ahora estos hechos nos han dejado algunas incógnitas que cuando las investigaciones judiciales promovidas lleguen a su etapa de sentencia seguramente despejarán nuestras dudas.

Hoy, la única certeza que podemos tener es que estos incidentes están enmarcados dentro de un preocupante incremento de la inseguridad con importantes cambios en el modus operandi delictivo, que no sólo se percibió a partir de estos ataques a la propiedad privada, sino también a raíz de una proliferación de entraderas violentas a los campos.

Consecuentemente, es importante detenernos a reflexionar sobre la realidad del delito rural, que se diferencia notablemente de aquellos que con idéntica tipificación se cometen en zonas urbanas. La soledad del campo y las distancias a las zonas pobladas advierten de la vulnerabilidad de estos territorios. La propagación de la inseguridad en estas áreas genera temor entre sus habitantes que, como contribuyentes de las arcas del Estado, esperan por soluciones.

Esta vulnerabilidad es la que nos lleva a pensar que las penalidades por delitos cometidos en el campo, aprovechando la situación de indefensión de las víctimas, deberían tener una pena mayor que un mismo delito cometido en una zona urbana.

Sin perjuicio de lo expuesto, la única manera de evitar la comisión de este o de cualquier otro delito en el ámbito rural es con una eficaz prevención.

Para prevenir o anticiparse al delito, primero debemos conocer con detalle el lugar geográfico a prevenir. Por ejemplo, se han logrado mejoras en los partidos de la provincia de Buenos Aires que han implementado la división geográfica en cuadrículas, con asignación de móviles y personal idóneo. Todo esto con el personal necesario en cada cuadrícula teniendo en cuenta horarios y turnos.

En la práctica, también surge la necesidad de un abordaje coordinado entre las autoridades de seguridad provinciales, ya que muchas veces, las investigaciones dan cuenta de hechos delictivos que afectan a más de un distrito, como es el caso del tráfico de agroquímicos y fertilizantes, que se trasladan ilegalmente de una provincia a otra. La falta de coordinación entre las policías provinciales dificulta la prevención y la investigación de este tipo de delitos.

En este sentido, es menester reflotar el Programa Nacional de Seguridad Rural y Ambiental Rural (Pronaserar), creado por la resolución 114 del Ministerio del Interior, en junio de 2000, cuya implementación pasó por una etapa experimental y luego se fue diluyendo hasta desaparecer.

Este programa reconocía entre sus virtudes la participación activa de las entidades agropecuarias y su función de asesoramiento federal en las distintas regiones de nuestro país. Además, una sus funciones principales era la de intercambiar y coordinar información, elaborar mapas delictivos, reunir antecedentes y estadísticas, control de transporte interprovincial de carne, granos y agroquímicos.

Hasta que el gobierno nacional y las provincias no pongan a disposición la voluntad política y los recursos necesarios para hacer frente a la problemática de la inseguridad rural, no habrá soluciones de fondo y con el tiempo lo mínimo que lamentaremos será la rotura de un silobolsa.

El autor es director y coordinador del Comité de Seguridad dela Sociedad Rural Argentina.

Por Abel Guerrieri