El Congreso comenzó a debatir la ley de vandalismo rural, que busca aumentar las penas para quienes cometan este delito. Este martes, la Comisión de Agricultura y Ganadería llevó adelante una sesión informativa para que los actores del sector puedan expresar su mirada acerca del proyecto.

Durante la sesión, un amplio arco de entidades agropecuarias y la Mesa de Enlace respaldaron el proyecto de ley sobre vandalismo rural. La dirigencia rural mostró su apoyo unánime y manifestó que los que viven en el campo tienen que tener los mismos derechos que los que viven en las ciudades.

El vicepresidente de Federación Agraria, Claudio Angeleri valoró el proyecto penal para traer previsibilidad y tranquilidad. “Detrás de una tranquera, un campo, un alambrado hay no sólo producción sino familias que viven ahí que se pueden que estarían seriamente amedrentadas por un individuo que esté merodeando", dijo.

Por su parte, el integrante de la comisión de Seguridad de Carbap, Santos Rosati presentó estadísticas alarmantes con registros de 4487 delitos en el campo bonaerense entre julio de 2025 y julio de 2026. Además, hubo 10 homicidios y reclamó que se debe defender la idiosincrasia del argentino que produce alimentos.

Vandalismo rural

Cabe destacar que la iniciativa parlamentaria propone tipificar delitos como la intrusión rural y el daño agravado a instalaciones. De esta manera, se busca brindar herramientas eficaces a las fuerzas de seguridad para prevenir hechos delictivos.

Para este fin, se busca introducir la figura de "intrusión rural", estableciendo penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. Esta tipificación apunta a las situaciones de merodeo nocturno, caza furtiva o tareas de reconocimiento previas a robos, sin necesidad de esperar a la consumación del ilícito.

Por otra parte, se contempló el "daño agravado" con penas de dos a ocho años de cárcel y multas de tres a doce veces el valor del perjuicio ocasionado al ataque de sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados. También se estipuló que la pena mínima se duplicaría, si el autor resultase ser un funcionario público o alguien vinculado habitualmente a la actividad agropecuaria.

Por su parte, la Fundación Barbechando advirtió que la afectación real no debió medirse por el valor de reposición de los bienes, sino por su función dentro del sistema productivo. En Este caso citaron como ejemplo la rotura de una bomba de agua, capaz de comprometer el abastecimiento de un rodeo de cría, donde una vaca necesita de 50 a 70 litros diarios en verano.

Otro punto que se levantó durante la sesión fue la difusión en redes sociales. Se propuso elevar la sanción por instigación pública a penas de dos a seis años de prisión, triplicándose cuando la incitación se difunde por canales digitales.

Finalmente, desde la Fundación Barbechando expresaron: “Queremos un campo que deje de ser tierra de nadie, donde el desarrollo de políticas públicas firmes habilite el desarrollo productivo y social de nuestro país, para quienes producen, para quienes trabajan la tierra y para las comunidades rurales en su conjunto".