Julio Nogués presentó su último libro en Córdoba y sugirió el fin de trabas al comercio exterior. Hay que prepararse para años más difíciles, vaticinó.


Volcado en los últimos años a trabajos de consultoría relacionados con el agro –como lo hizo a principios de 2011 para la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de Naciones Unidas–, Julio Nogués presentó en Córdoba su último libro: Agro e industria, del Centenario al Bicentenario .

Con datos comparativos, el texto apunta a refrescar que la industria y el agro crecieron en el país de manera acelerada mientras hubo políticas comerciales abiertas. Y que, cuando rigieron esquemas de protección, la actividad y el empleo se estancaron.

Invitado por el Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la Universidad Nacional de Córdoba, y en diálogo con La Voz del Interior , el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella advirtió que la Argentina tiene una especie de deuda de solidaridad con el sistema global “porque cuando el mundo pasó bastante hambre, en 2008, puso fuertes restricciones” a la producción y a las exportaciones de trigo.

Y, para abonar la tesis de su libro, recomendó “el desmantelamiento de las restricciones cuantitativas sobre las exportaciones y las licencias no automáticas de importación, en línea con los principios de la Organización Mundial de Comercio”.

–En la conferencia de la Unión Industrial Argentina, la Presidenta se refirió a la necesidad de hacer “sintonía fina” en temas económicos. ¿Cuál es su opinión?
–Por sintonía fina entiendo ir ajustando lentamente las cosas que están desequilibradas, no de manera abrupta. Y me parece que la forma en que se está encarando el tema de los subsidios a los servicios públicos es adecuada y creo que es muy importante no darle un golpe repentino a la población en materia de los nuevos precios que vamos a tener que pagar todos por los servicios públicos.

–Además de los subsidios y tarifas, ¿qué otras correcciones ve necesarias?
–También miraría en otras áreas donde esa sintonía fina no está jugando; por ejemplo, el Gobierno habilitó la exportación de 2,7 millones de toneladas de trigo. Eso es forzado por las circunstancias, y me parece importante que toda la parte de comercio exterior, todos estos controles directos sobre la producción agropecuaria se fueran también desmantelando. Que quedaran, si es necesario, los derechos de exportación. Pero una sintonía fina en materia de comercio exterior sería también desmantelar las restricciones cuantitativas sobre las exportaciones y las licencias no automáticas de importación, en línea con los principios de la Organización Mundial de Comercio.

–El año pasado, cuando estuvo en Córdoba, advirtió sobre futuras crisis de rentabilidad en el agro, de no mediar correcciones en la política hacia el sector.
–Desafortunadamente, los problemas se han potenciado por la crisis internacional y la caída de los precios de los activos en general en el mundo, incluidos los cereales y la carne. Empiezan a aparecer señales de alarma y hay ya voces bastante fuertes de que los productores trigueros están trabajando a pérdida. La Argentina tiene una deuda con el sistema mundial de comercio porque cuando el mundo pasó bastante hambre, en 2008 el país puso restricciones tan fuertes sobre la producción de trigo que hicieron disminuir el área sembrada y la producción, independientemente de la baja actual de los precios. De manera más general, me parece que esta crisis internacional va a ser duradera y hay que prepararse para años mucho más difíciles para todos, incluido el sector agropecuario.

–¿El agro deberá estar incluido en la sintonía fina de la que habla la Presidenta?
–Deberíamos, primero, desmantelar las restricciones cuantitativas (como los cupos a la exportación) y después vemos qué hacemos con las retenciones. Por ejemplo, en el caso del trigo, el derecho de exportación es del 22 por ciento, pero las restricciones cuantitativas sobre las exportaciones le agregan un 28 por ciento más de valor al derecho formal. Entonces, el trigo tiene como un derecho de exportación total de casi el 50 por ciento. Todo ese tipo de cosas oscuras, impredecibles, hay que desmantelarlas para darle un poco más de seguridad al sector; que no esté sujeto a los vaivenes de un señor Guillermo Moreno y de un grupo chiquito de burócratas que deciden cuándo se puede exportar y cuándo no.

–¿Cómo ve la política de sustitución de importaciones que impulsa el Gobierno?
–Es un retroceso que creo que no es del grado de lo que estuvo vigente entre 1945 y 1990; no hemos llegado a ese grado de irracionalidad, todavía. Y, por lo tanto, la sintonía fina debería ser ir abriendo poco a poco la economía sin generar cambios abruptos. Por eso digo, el primer paso es avanzar sobre la transparencia; el segundo, administrar la política comercial de una forma decididamente más abierta, que es la que beneficia a toda la sociedad y no sólo a un grupo pequeño de empresarios y sindicatos asociados a esas empresas.

–En los últimos años, los precios de las commodities agrícolas se mantuvieron en un rango nunca visto. ¿Eso no justifica mecanismos de intervención o de subsidios cruzados desde el agro a otros sectores?

–Esto es lo que se ha hecho en los últimos años, a través de los derechos de exportación. Note que las restricciones cuantitativas administradas por un grupo de burócratas no generan ingresos públicos. Yo mencioné el caso del trigo: la mitad de la discriminación contra las exportaciones viene por el derecho de exportación formal, y eso junta plata para la Tesorería de la Administración Pública; y la otra mitad viene porque un señor o un grupo de señores dicen: “No se puede exportar trigo”. La segunda tiene un costo muy alto en términos de incertidumbre para los productores, en términos de oscurantismo y en términos de pérdidas de producción y por lo tanto de ingresos tributarios generales. Y lo que digo es que es muy urgente desmantelar todo lo que sea administración discrecional. Con respecto a los derechos de exportación en sí, que juntan plata para la Tesorería y esta los reparte, tampoco estoy de acuerdo, porque es un esquema antifederal. Estaría más con lo que sostiene el doctor Rinaldo Colomé, por ejemplo, de que sean las provincias las que fijen un canon y recauden el impuesto sobre la ruralidad.

Quién es
Julio Nogués. Licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina, doctorado en la Universidad de Minnesota (PhD). Es consultor internacional, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Ex representante comercial de la Argentina en Estados Unidos y funcionario del Banco Mundial.

Su último libro, Agro e industria, del Centenario al Bicentenario, en Córdoba está disponible en la librería El Ateneo.