La Cámara de Diputados prolongó la sesión de ayer hasta la madrugada de hoy con el objetivo de aprobar también el proyecto de ley que busca regular la venta de tierras a extranjeros y la modificación del estatuto del peón rural, resistido por el gremio de trabajadores agrarios (UATRE), las 62 Organizaciones Peronistas y la CGT de Hugo Moyano.

Uno de los principales cuestionamientos de la UATRE al proyecto oficialista es que deja sin efecto el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y pasa el control de los fondos de ese organismo a la órbita del Poder Ejecutivo.

Además, según el texto de la norma, se reconoce a los peones remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que no podrán ser inferiores al salario mínimo vital y móvil, y fija períodos y lugares de pago.

El kirchnerismo apuró el trámite de ese proyecto para evitar que la UATRE de Gerónimo «Momo» Venegas, con apoyo del moyanismo, protestara esta tarde frente al Congreso luego del áspero discurso del camionero en Huracán.

En cuanto a la nueva ley de tierras, ese proyecto propone que la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros no podrá superar el 15 por ciento del total en el país. Ese porcentaje máximo debería respetarse, además, en relación con el total de tierras rurales de cada provincia y de cada municipio.

En el texto también se establece un límite máximo para una misma persona o empresa extranjera de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (el sector más productivo de la pampa húmeda) o de una extensión equivalente en el resto del país. En esta iniciativa entran las personas físicas extranjeras que no tengan domicilio real en la Argentina y las personas jurídicas cuyo capital social en proporción sea superior al 51 por ciento. El proyecto también crea el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidido por Justicia e integrado por las carteras de Agricultura, Defensa, Interior, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y representantes de todas las provincias