Uno de los paneles en el encuentro realizado en Mar del Plata reunió a actores tanto de la producción, como de la industria semillera y del Gobierno. Hay acuerdo en que el uso propio debe empezar a ser oneroso, pero no tanto en cómo fiscalizarlo. INFOCAMPO - 14/05/2026
 

En uno de los paneles más picantes de A Todo Trigo 2026, el evento organizado por la Federación de Acopiadores, la discusión por la propiedad intelectual en semillas volvió al centro de la escena.

La mesa reunió a Martín Famulari (INASE), Ricardo Fernández Pancelli (ASA), Lucas Amadeo (GDM) y los representantes rurales Tomás Palazón (SRA) y Pablo Ginestet (CRA).

El debate expuso consensos y diferencias en torno al futuro de la ley de semillas, el alcance del uso propio, la adhesión a UPOV 91 y las condiciones para acceder a genética de última generación.

También aparecieron el rol del Gobierno de Javier Milei, las iniciativas de Sturzenegger, el funcionamiento de Sembrá Evolución y las críticas de los productores a los contratos privados.

LEY DE SEMILLAS: CONSENSO EN QUE HAY QUE ACTUALIZARLA

En este contexto, quizás el dato político más relevante es que tanto la industria semillera como las entidades rurales coincidieron en actualizar el sistema, fortalecer la fiscalización y avanzar hacia un uso propio oneroso.

“Tenemos que llegar a acuerdos”, planteó Palazón, referente de Sociedad Rural Argentina. Mientras desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Fernández Pancelli habló de que hay un “consenso generalizado” sobre la necesidad de una mayor innovación.

En tanto, desde el INASE, Famulari, se comprometió a mandar al Congreso una norma moderna que contenga a todos los actores de la cadena.

Pero el debate no tardó en llegar. Fernández Pancelli consideró que UPOV 91 representa hoy el estándar más moderno para proteger las obtenciones vegetales y recordó que los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea avanzan en esa dirección.

Desde ASA, en tanto, insistieron en que la adhesión mejoraría las condiciones de inversión y posicionaría al país frente a competidores internacionales.

Sin embargo, las entidades rurales marcaron matices. Palazón señaló que Argentina podría construir un esquema propio, actualizado a la inteligencia artificial, la genómica y la edición génica —avances que no existían en 1991—, y cuestionó que muchos países adheridos a UPOV 91 tienen estructuras productivas muy distintas a la Argentina.

Esta postura se reforzó con la intervención de Pablo Ginestet, referente de CRA, quien insistió en que el debate “no es solamente UPOV 78 o 91”, sino cómo se reglamenta el sistema y cómo se construye confianza.

¿Qué dicen desde el Gobierno en este contexto? El titular del INASE confirmó el compromiso de presentar la adhesión ante el Congreso a UPOV 91, aunque aclaró que el acuerdo con Estados Unidos “empieza y termina” en esa presentación legislativa.

EL “USO PROPIO” DE LAS SEMILLAS, EL GRAN DEBATE

El reconocimiento más llamativo del panel fue el de las propias entidades rurales: el uso propio no puede seguir siendo completamente gratuito. Ginestet explicó que el proyecto presentado por la Mesa de Enlace propone pasar a un sistema oneroso con regalías por período determinado, tras el cual la variedad quedaría liberada.

“¿Estamos dispuestos a pagar por la tecnología? Sí. ¿Estamos dispuestos a pagar por el uso propio? Sí”, resumió.

Desde ASA celebraron el avance, aunque persisten diferencias sobre duración del reconocimiento, límites por escala y excepciones para pequeños productores.

Otro punto de tensión fue la discusión sobre artículos de “orden público” en la futura ley: las entidades rurales buscan que ciertos límites al uso propio no puedan ser modificados por contratos privados, una referencia directa a Sembrá Evolución.

Los productores cuestionaron lo que consideraron cláusulas excesivas, mecanismos de control e inspecciones, y reclamos sobre mercadería ya comercializada. Ginestet comparó algunas situaciones con el sistema de “fotomultas”. Desde la industria defendieron el sistema, aunque reconocieron disposición para revisar contratos.

Puntualmente, Lucas Amadeo, gerente de Relaciones Institucionales de GDM, advirtió que Argentina pierde competitividad por falta de un marco normativo previsible: desarrollar una variedad demanda entre seis y diez años y millones de cruzamientos, en un mercado donde más de la mitad de la superficie no reconoce propiedad intelectual.

Según GDM, un esquema más cercano a UPOV 91 permitiría duplicar la ganancia genética anual e impulsar programas de tolerancia al estrés hídrico, resistencia a enfermedades y calidad. Brasil, con marcos más sólidos, ya tiene muchos más programas de mejoramiento activos.

LA FISCALIZACIÓN DE LAS SEMILLAS

Sobre el final del panel apareció otro tema sensible: las iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger para fortalecer controles y fiscalización.

Las entidades rurales coincidieron en que la fiscalización debe fortalecerse, aunque cuestionaron avanzar con resoluciones parciales sin una discusión integral del sistema.

También expresaron preocupación sobre mecanismos de control basados en muestreos y cruces de información que podrían generar conflictos operativos y comerciales para productores, acopios y exportadores.

Desde el sector productivo insistieron en que el sistema debe ser simple, transparente y no generar más burocracia ni mayores costos.

Al mismo tiempo, reclamaron que cualquier nuevo esquema de control sea discutido de manera integral entre todos los actores de la cadena y no mediante regulaciones fragmentadas.