Es por la entrada en v¡gor de los convenios impulsados por la multinacional sobre el uso de la tecnología Intacta. NAP.

BUENOS AIRES (NAP). La Federación Agraria Argentina pidió al Estado nacional que adopte medidas urgentes, que prioricen la soberanía argentina y los derechos de los agricultores reconocidos en la legislación vigente, que regula las cláusulas de los contratos y convenios con los que pretende avanzar Monsanto, respecto del uso de la tecnología Intacta RR2 PRO.

El reclamo fue planteado por la entidad porque el próximo 1 de abril entrará en vigencia el sistema de contratos instrumentado por Monsanto de Argentina, que obligará a los productores que utilicen la tecnología Intacta RR 2 PRO aplicada en semillas de soja a segregar los granos obtenidos con esta tecnología de la soja RR convencional y de esta forma cobrar un canon por la nueva tecnología.

La FAA salió con los tapones de punta a cuestionar la iniciativa "y la pasividad de las autoridades argentinas". "Es responsabilidad del Estado Nacional resolver a favor de los agricultores argentinos” y no de las compañías transnacionales, para preservar la soberanía sobre las semillas y evitar mayores transferencias a compañías multinacionales".

La entidad pidió además que se profundice el fortalecimiento del Instituto Nacional de Semillas (Inase) -que desde su restablecimiento en 2004 aún no conformó su Directorio- y que controle debidamente el comercio ilegal de semillas y la estrategia de distribución de los materiales biotecnológicos por parte de sus obtentores, para que se realice de manera responsable, evitando contaminaciones y difusiones masivas especulativas.

Historia

La entidad liderada por Omar Príncipe denunció que los últimos años Monsanto "realizó intentos para avanzar sobre los recursos y la soberanía de los países, patentando la biodiversidad, entablando demandas o promoviendo la modificación de legislación vigente que ampara los derechos de los agricultores al uso propio de las semillas".

Las empresas biotecnológicas -no solo Monsanto- argumentan que el cobro de regalías es una forma de recuperar la altísima inversión que llevan los estudios y logros de nuevos semillas resistentes a herbicidas e insecticidas, que además brinden mayores rendimientos, como en el caso de Intacta.

El cultivo de soja modificada genéticamente (OGM) fue aprobado en Argentina en 1996 y el cultivo se expandió en los años siguientes. La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247 tiene un apartado en el cual contempla el "uso propio" por parte de los productores, que implican que pueden "reservar y sembrar semillas" y vender como materia prima o alimento, uno de los puntos más cuestionados por las empresas.

Para la Federación Agraria, la obligación de pagar un canon por las nuevas tecnologías "es una nueva carga para los agricultores que consienten que Monsanto se apropie de una parte sustancial de su cosecha con el pretexto de cobrarse una supuesta regalía que debió resolverse en la relación cliente-proveedor que tiene la compañía con los semilleros que incorporan su tecnología y que liberan al mercado argentino año a año y que los productores pagan en cada campaña".

Según la FAA, "a partir del 1ro de abril esos contratos permitirán el control por parte de Monsanto de cada grano que pretenda exportase desde Argentina, todo el sistema de cultivo y la comercialización de soja, determinando quiénes puedan multiplicar y también sembrar, reservar o acopiar, imponiendo condiciones leoninas, al cobrar el canon sobre el volumen producido. No estamos dispuestos a convertirnos en la mano de obra barata y tercerizada de multinacional alguna, ni a que patenten nuestros saberes, nuestro oficio de agricultores, nuestros suelos, ni la soberanía productiva y comercial de nuestro país”, resumió la entidad. (Noticias AgroPecuarias).