Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria rechazan cláusulas contractuales que permitan cobrar en puerto las patentes eludidas. LA VOZ.

Buenos Aires. La controversia entre semilleros y productores agrícolas por el pago de regalías se recalentó ayer al conocerse que el Gobierno emitirá un decreto de necesidad y urgencia habilitando el cobro de la biotecnología en semilla. El decreto aún se desconoce.

La medida oficial viene a interceder en el sistema implementado por Monsanto para el cobro de un canon tecnológico por la soja Intacta que, junto con un contrato privado con los usuarios, determinó que los acopios y exportadores debían retener el canon si éste no hubiera sido abonado previamente con la semilla. Varias organizaciones y representantes de productores se oponen, amparándose en los criterios de uso propio y cuestionan su legalidad. El problema es que en Argentina gran parte de la producción agrícola se hace evadiendo el pago de la propiedad intelectual.

Ayer, entidades del sector rural, del acopio y del corretaje de granos objetaron la decisión adoptada por la semillera Monsanto de “incorporar” en sus contratos comerciales “una cláusula que obliga a los vendedores a aceptar una retención compulsiva” para el cobro de derechos tecnológicos sobre los granos.

La posición fue suscripta por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (CRA) y Coninagro, entre otras entidades.

Ayer, la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), compuesta por 82 empresas de origen nacional e internacional privadas y públicas, expresó su “agrado por la decisión política de poner orden en una situación en donde no la hay, cuyo dato más elocuente es que sólo el 15 por ciento de la superficie sembrada de soja se hace con semilla fiscalizada”.

La Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov) valoró en términos similares la decisión oficial de intervenir.