Rural de Rosario, crítica contra nuevos requisitos. PUNTO BIZ.

La Sociedad Rural de Rosario ve con preocupación la existencia de demandas de informes que se piden a los productores con respecto a sus granos cosechados, como si se estaría en permanente sospecha de una actividad ilícita. A lo ya informado en la AFIP sobre superficies sembradas y volumen cosechado, se está exigiendo ahora no sólo la existencia actual, su ubicación y en caso de estar guardada en bolsones, en el campo del productor, la posición georreferencial de los mismos, junto con el número de factura por la cual se compraron los mismos, siendo estos requisitos indispensables para poder vender.

Toda esta información la AFIP ya la posee, el productor no puede mover un camión de su cereal sin previamente notificarle a la misma y aquella autorizarlo; por lo tanto puede verificar y controlar de acuerdo a sus registros cuanto se declaró de existencias y cuanto y cuando se va vendiendo la producción.

Estamos de acuerdo con un sistema de información estatal, práctico, ágil, transparente y eficiente. No con esta situación, que es una superposición incesante de declaraciones, que lleva a cometer errores. Los productores en su mayoría no tienen una estructura administrativa, por tanto son ellos mismos quienes deben ponerse al frente de estos trámites; sin tener los conocimientos informáticos y tributarios que exigen estas normas, con la posibilidad de que un error en sus declaraciones les impida vender su producción, con el consecuente daño y pérdida de tiempo útil de trabajo que esto produce en sus explotaciones.

Nos preocupa seriamente, ya no sólo por nuestro sector; sino porque con el proyecto aprobado en el Senado de la Nación de la Ley de Abastecimiento se pretende intensificar aún más sobre toda actividad privada, comercial, industrial o productiva, dándole al Gobierno las herramientas para seguir avanzando y afectando los derechos individuales y de propiedad.

Por eso nuestra pregunta es ¿hasta cuándo y hasta dónde seguirá avanzando el Gobierno con un modelo en que los ciudadanos nos veremos obligados a un sistema de control intensivo, cambiante y redundante, que demuestra su ineficiencia, quita tiempo de trabajo y avasalla los derechos constitucionales de los ciudadanos argentinos?

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le exige todo a la actividad privada, con una carga impositiva que es record histórico, a niveles del primer mundo y cuyos resultados están muy lejos de serlo; y sin embargo gasta más de lo que recauda, generando una inflación que está ubicada entre las más altas de todos los países.

Los ciudadanos argentinos debemos reflexionar y resistir estos embates que limiten la actividad privada, con la falsa excusa de la transparencia, cuando su fin es llevarnos a un estado donde los funcionarios oficiales resuelvan sobre nuestras vidas, con fines propios, volviendo a sistemas fracasados históricamente. Un gobierno debe estar al servicio de los ciudadanos, protegiendo y fomentando el trabajo y la producción, y el respeto y cumplimiento de los derechos constitucionales.