El Ministerio de Agroindustria presentó los lineamientos del proyecto que elevará al Congreso. Tras de ese plazo, también pagarán los que incrementen el área sembrada. Se exceptuará a agricultores familiares y pequeños productores. AGROVOZ. 


El Ministerio de Agroindustria de la Nación presentó este viernes ante la Comisión Nacional de Semillas (Conase) los lineamientos y objetivos que comprende la propuesta para la modificación de la Ley de Semillas 20.247.

“Se adecuan a la actualidad productiva del país y procuran un equilibrio entre los intereses de todas las partes”, señaló Agroindustria en un comunicado.

La propuesta será elevada al Congreso en los próximos días. Allí también ya hay dos iniciativas: una impulsada por el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Gilberto Alegre; y otra que elevó en las últimas horas la Federación Agraria Argentina (FAA)

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Los principales puntos de la reforma que impulsa el Gobierno son los que adelantó el jefe de Gabinete del Ministerio, Guillermo Bernaudo, en su paso por Soja con Sustentabilidad: por un lado, que en el pago de la semilla estarán incluidos todos los conceptos por derechos de propiedad intelectual que la semilla y los productos obtenidos a partir del uso de la misma contengan, incluyendo la biotecnología; por el otro, un acotamiento del uso propio.

La propuesta del Estado nacional sobre esto último es mantener el uso propio gratuito exceptuando de ello a las variedades reproducidas por semilla durante las tres primeras campañas posteriores a la adquisición de la semilla, período a partir del cual el agricultor podrá hacer uso propio gratuito, salvo el uso incremental.

Es decir, si un productor compra semilla para el ciclo 2016/17, recién podrá utilizarla de manera gratuita en la campaña 2019/20. En cuanto al uso incremental, se refiere a que si un productor compró semillas para sembrar 100 hectáreas y, luego de tres años, decide multiplicarla y sembrar 150, deberá pagar el canon extra por la semilla destinada a las 50 hectáreas adicionales.

Por otro lado, cabe destacar que estarán exentos los agricultores familiares inscriptos en el RENAF (Registro Nacional de Agricultura Familiar), pueblos originarios y productores que tengan una facturación inferior a la suma de tres monotributos de la máxima categoría, independientemente de si están inscriptos o no. Esto era un pedido de las entidades rurales, avalado por la industria, como por ejemplo Syngenta que lo calificó como una “tarifa social sojera”.

Inase reforzado
Por otro lado, Agroindustria insistó en que buscarán fortalecer el rol del Instituto Nacional de Semillas (Inase) para el control eficiente de la producción y comercialización de semillas en Argentina.

La presentación de la propuesta fue realizada ante la Conase porque allí participan tanto entidades del sector público como privado y la idea es que en ese órgano se analice el proyecto, que “luego será compartido con integrantes de la cadena productiva”, prometió el Ministerio.