Lo hizo la Cámara que suspendió el decreto para la expropiación. CLARÍN.

La Cámara en lo Civil y Comercial Federal ayer rechazó todos los planteos del Gobierno contra la medida cautelar que frenó el decreto mediante el cual quedaba anulada la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina de 1991, y afirmó que el Poder Ejecutivo “no debe conspirar contra la Administración de Justicia o perturbar u obstruir intencionalmente su apropiado funcionamiento”.

La medida comprende la recusación del Gobierno contra todos los integrantes de la Cámara, el planteo de incompetencia para que el expediente tramitara ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y la habilitación de la feria judicial, informaron a la agencia DyN fuentes judiciales.

El fallo fue firmado por los jueces de feria Graciela Medina, Francisco De las Carreras y Ricardo Guarinoni, los mismos que habían dictado la medida cautelar que frenó la aplicación del decreto 2552/12 que ordenó la expropiación del predio de Palermo.

Contra esa resolución, el Gobierno había recusado a todos los jueces de la Cámara por la denuncia penal que presentó por presuntas irregularidades en la elección de subrogantes, y reclamó la habilitación de feria y el pase de la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal.

Los camaristas de feria rechazaron la recusación por considerarla “manifiestamente inadmisible” porque el juez federal a cargo de la denuncia penal, Luis Rodríguez, no se ha expedido aún “por su legitimidad mediante decisión alguna”.

Los jueces agregaron que el Gobierno recusó a toda la Cámara solo en los juicios por la ley de Medios y Cablevisión, y ahora en la de La Rural, “y en ningún otro de los miles en que es parte el Estado Nacional”, lo que calificaron como una “opción discrecional” y “abusiva”.

“Este temperamento se presenta como una política deliberada para apartar a los jueces naturales, lo que es sin duda inadmisible en uno de los Poderes de la Nación, el que no debe conspirar contra la Administración de Justicia o perturbar u obstruir intencionalmente su apropiado funcionamiento”, criticaron.

Sobre el cambio de fuero, la Cámara consideró que debió haber sido planteado ante la jueza Silvina Braccamonte, quien intervino inicialmente en el expediente, para garantizar la “doble instancia” procesal. En cuanto a la habilitación de la feria, el tribunal recordó que eso ya había ocurrido y que, de hecho, se habían adoptado resoluciones en el expediente durante enero.