Una absolución y dos condenas solicitaron el fiscal y la parte querellante que actúan en el juicio a dos productores y a un aeroaplicador a los que se procesó por supuestas infracciones al realizar fumigaciones en cercanías de un área poblada de la ciudad de Córdoba. Se trata del caso de Barrio Ituzaingó Anexo, que ha tenido una extraordinaria trascendencia, tanto en la provincia como en el país. AGROVERDAD.

El Fiscal de la Cámara en que se desarrolla el juicio, Marcelo Novillo Corvalán, que compartió la labor de acusación con el fiscal instructor, Carlos Matheu, requirió una condena de 4 años de cárcel para el productor agropecuario Francisco Rafael Parra y de 3 años para el aeroaplicador Edgardo Pancello, en tanto que consideró que cabía la absolución para el tercer imputado, el agricultor Jorge Alberto Gabrielli, por falta de pruebas.
Matheu planteó que si la Cámara no considera pertinente las condenas efectivas, sentencie a Parra y Pancello a realizar trabajos comunitarios en centros de salud estatales, en dispensarios o en un hospital oncológico.
El fallo del tribunal se dictará dentro de las próximas dos semanas.

Condena a Monsanto
La querella, por su parte, representada por el abogado Miguel Martínez, requirió penas parecidas a las solicitadas por la Fiscalía: para Parra 4 años y medio y para Pancello 3 años de cumplimiento efectivo. Coincidió en que para Gabrielli correspondía la absolución.

Durante su alegato, Martínez formuló paralelamente una severa crítica al gobierno provincial de José Manuel de la Sota por el anuncio de la radicación de una planta procesadora de semillas de la empresa Monsanto en el municipio de Malvinas Argentinas, que colinda con el ejido de la ciudad Córdoba.

La inversión, por 1.500 millones de pesos fue anunciada durante una reunión de directivos de la compañía con la Presidente Cristina Fernández y luego con el mandatario provincial.

El caso Barrio Ituzaingó Anexo
El caso de Barrio Ituzaingó Anexo ha tenido repercusión nacional. Desde hace una década, pobladores del sector denuncian que numerosas muertes y casos de cáncer obedecen a las aplicaciones de agroquímicos en campos contiguos a la barriada. Ésta se fue instalando al lado de los predios rurales y luego expandiendo sobre ellos.
La intervención judicial a raíz de aplicaciones que efectuaron los productores que explotan esos predios condujo a este juicio. Se los responsabiliza de supuestamente haber infringido normas relativas a las pulverizaciones en áreas cercanas a lugares poblados y de no haber cumplido determinados requisitos.

Enjuiciamiento al sector agropecuario
El episodio se ha politizado y convertido en una causa que enjuicia al sector agropecuario por sus prácticas agronómicas, a la soja, a las empresarios y –como se ha visto- hasta el gobierno, incluído el nacional que encabeza Cristina Fernández.
Federación Agraria Argentina, a la que están afiliados los agricultores, salió en su defensa. En una declaración se sostuvo que las pruebas que llevaron a la acusación "son muy escasas y poco contundentes".

El pronunciamiento –divulgado al comienzo del juicio- señaló que "hace 20 o 30 años que (los productores) venimos fumigando y ninguno ha sufrido ninguna causa de envenenamiento ni otro malestar como lo que se vive en barrio Ituzaingó", el sector barrial desde el cual se ha generado un movimiento que acusa a las pulverizaciones de ser las causantes de más de 200 casos de cáncer registrados en la zona.

Se ha admitido, empero, que pueden haber obrado otras causas.

El abogado defensor de Gabrielli, Carlos Hairabedian, descalificó ayer la intervención que días pasados tuvo el Premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, quién consideró que las contaminaciones con agrotóxicos deben ser calificados de crímenes de lesa humanidad. El letrado juzgó que es una barbaridad plantear tal analogía entre supuestas faltas a una disposición y los crímenes de lesa humanidad, además de constituir una completa ignorancia del derecho y la ley.
Proyecto de nueva ley de agroquímicos

Mientras se desarrollan las instancias finales del juicio, miembros de la bancada del Frente Cívico –integrante del Frente Amplio Progresista de Hermes Binner- presentaron en la Legislatura de Córdoba un proyecto de nueva Ley de agrotóxicos.
Edgar Santiago Clavijo y Graciela Sánchez informaron que su iniciativa promueve que el Organismo de Aplicación sea el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, adecuando la jurisdicción a la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción agropecuaria y del patrimonio de terceros.

Proponen la "creación de Zonas de Resguardo Ambiental, en las que quedan prohibidas la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, disponiendo para tal fin de un retiro de mil metros (1000 mts) a partir del límite de las trazas urbanas".

Propician que un 50% de dichas áreas se destinen a recuperación de montes nativos y el otro 50% a la producción de alimentos orgánicos "procurando así garantizar la producción de verduras, frutas y hortalizas libres de agroquímicos para el consumo de las comunidades locales".