Opinión. Por Hugo Luis Biolcati | Para LA NACION


Hace muchos años que la Argentina no vive dos eventos climáticos tan adversos y tan seguidos. En el transcurso de tres años, los productores agropecuarios hemos sumado el efecto de dos fuertes sequías. Y si bien las recientes lluvias dieron tregua a algunos cultivos, ya hay daños irreversibles para muchos productores agropecuarios, ganaderos y tamberos.

Pero si algo tienen los productores agropecuarios es orgullo, entereza y la capacidad para sobreponerse a las inclemencias climáticas. Una sequía es un riesgo inherente al negocio agropecuario. Sin embargo, existen otros aspectos cuyo efecto podría aminorarse para generar más certidumbre y confianza al productor.

El andamiaje de disposiciones, normas y decisiones con el que se intervinieron los mercados de carnes, leche, trigo y maíz pesa sobre el ánimo de los productores y sobre las enormes posibilidades de expansión que tiene el campo que contribuiría a la generación de empleo, exportaciones y divisas para el país.

La limitación de las exportaciones impacta gravemente sobre los precios de trigo y maíz y actúa como una retención adicional a su valor de venta. Una sequía genera consecuencias muy duras para el productor agropecuario, pero resulta peor aún no tener fondos para asumir el pago de las cuentas porque no podemos vender el trigo o el maíz que cosechamos, o porque lo vendimos con un descuento igual o mayor al porcentaje de las retenciones.

No podemos conformarnos solamente con que no falte trigo, carne, leche o maíz para el consumo interno. Somos capaces de abastecer la mesa de los argentinos y de expandir la producción para exportarla al mundo. Pero para eso necesitamos estabilidad en las reglas de juego.

Es hora también de rever el actual sistema impositivo que soporta el campo. Las retenciones son de por sí una valla de supervivencia muy alta que pocos productores pueden sortear y más aún cuando deben enfrentar además eventos climáticos adversos como la actual sequía.

La retención se impone sobre el precio de venta del producto y se cobra tanto en las ganancias como en las pérdidas. Así, se transforma en un impuesto a la producción e impide la sana rotación de los cultivos, la expansión de la siembra y la radicación de industrias asociadas a cultivos como por ejemplo el maíz. Por eso, insistir con las retenciones es ir contra el desarrollo del interior y, en especial, de aquellas zonas marginales y más alejadas de la pampa húmeda donde, con altos costos de transporte hacia los puertos, ese impuesto pesa todavía más.

Aunque no estemos de acuerdo, podemos aceptar que otros sectores de la economía no estén gravados impositivamente. Pero no entendemos cuál es la explicación para que un sector tan dinámico y con tanto potencial para crear empleo y arraigo en el interior deba pagar, además de los impuestos que paga el resto de las actividades, un impuesto sobre sus ventas del 35%, aunque haya sufrido un quebranto.

Aunque no estemos de acuerdo, también podemos aceptar que se considere una política de Estado hacer pagar más impuestos al campo que a otras actividades económicas que se decida beneficiar. Pero ese plus diferencial debería aplicarse cuando hay ganancias, con una mayor alícuota sobre el impuesto que grava las mismas, por ejemplo, pero no presionando al productor cuando se enfrenta a pérdidas extraordinarias.

Frente a una sequía como la que estamos viviendo, los fondos previstos en la ley de emergencia agropecuaria ayudan, como también lo hacen las líneas de crédito a tasa subsidiada del Banco Nación y del Banco Provincia de Buenos Aires, pero resulta mucho más racional la reducción de las retenciones que deberían tender a desaparecer en el largo plazo. De lo contrario, muchos productores, sobre todo los más pequeños, perderán su capital de trabajo y no podrán enfrentar sus pagos.

El autor es presidente de la Sociedad Rural Argentina