El vicepresidente segundo de la Federación Agraria Argentina cree que es el Estado el que debe resolver sobre el pago de la tecnología aplicada a las semillas; sin embargo asegura que “siempre se saca la responsabilidad de encima”. COMERCIO Y JUSTICIA

El vicepresidente segundo de la Federación Agraria Argentina (FAA), Jorge Solmi, no se manifestó sorprendido positivamente por el anuncio que hizo el miércoles el secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado, sobre el envío al Congreso de un proyecto de ley para que los pagos por derecho de propiedad de eventos biotecnológicos aplicados a las semillas se realicen sólo al momento de la compra.

“El Estado es el que debe resolver este problema, pero siempre se saca la responsabilidad de encima”, dijo Solmi a Comercio y Justicia.

Sucede que el anuncio implica que el Gobierno decidió dejar de lado la decisión que había comunicado a toda la cadena de valor de la soja de emitir un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en ese sentido.

El jefe de Gabinete, “Aníbal Fernández no sólo anunció la emisión inmediata de un DNU para establecer que todos los pagos por derecho de propiedad debían realizarse al momento de la primera venta de la semilla sino que se comprometió delante de toda la cadena productiva a que se iba a dotar de mayor presupuesto al Instituto Nacional de Semillas (Inase), se iba a crear un fideicomiso para el fomento de la investigacion biotecnología y que se iba a modificar la resolución 80/2007 sobre el registro de la semilla, y ninguna de esas cosas han sucedido”, subrayó.

En efecto, el anuncio al que hace mención el representante de la FAA fue hecho el pasado 19 de mayo por Fernández, en compañía del ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y del propio Delgado, quien el miércoles pasado comunicó el cambio de idea -en el marco de la inauguración de la muestra Agroactiva-.

“La novedad es que va a haber un proyecto de ley que los legisladores van a tratar en lo que queda del año para que nos pongamos de acuerdo en cómo los productores pueden aprovechar al máximo los beneficios de la biotecnología y el germoplasma”, dijo Delgado en Monje, Santa Fe.

“Estamos ocupados en el mejoramiento del germoplasma, el mejoramiento genético de la producción agropecuaria y en el rol que la biotecnología va a tener en el desarrollo agropecuario nacional”, agregó.
Sin embargo, el descrédito parece ser tal que a los federados los tiene sin cuidado la noticia.

“Hay tantos proyectos de ley sobre el tema en el Congreso que nada nos hace pensar que vaya a salir ahora”, sostuvo. “Hay que tener en cuenta que el 20 de junio cierran las listas para las elecciones y a los legisladores que tengan que renovar bancas y no estén dentro de las listas no los vamos a encontrar ni en figuritas”, agregó.

“Si el Gobierno hubiera tenido real voluntad de tomar una posición clara respecto de Monsanto, ya lo hubiera hecho y el DNU o la ley hubiera sido aprobada ayer”, indicó.

“Cláusula Monsanto”
Vale recordar que desde el 1 de abril pasado está vigente la denominada “cláusula Monsanto”, que le permite a esta multinacional accionar un sistema de comercialización para poder cobrar el llamado “canon tecnológico” por el valor agregado de su soja transgénica Intacta RR2.

La iniciativa de la compañía se llevó a cabo mediante la firma de contratos con algunos productores en el momento de la compra de la semilla, convenios ampliamente criticados por dirigentes de las cuatro entidades agropecuarias por considerarlos consecuencia de un “abuso de posición dominante” de la multinacional y contrarios a la ley de semillas.

Acopiadores
Solmi aseguró que la “cláusula Monsanto” está complicando la comercialización de la cosecha. “Sucede que la cosecha ya fue entregada a los acopiadores y éstos no han pedido declaración ni han verificado qué productor trabajó soja Intacta, y una vez en el silo, la soja ya perdió identidad. Entonces, cuando se llega al puerto los exportadores pretenden cotejar la carga y, si se detecta el gen, pretenden cobrar al acopiador 15 dólares por cada tonelada descargada, con lo cual comienza el lío”, explicó Solmi, y agregó: “La Federación de Acopiadores ya hizo una presentación judicial por el tema”.