Mediante el dictado del Decreto 2.322/02 el Gobierno Nacional ha observado (o sea ha vetado) el proyecto de ley 25.668 que derogaba las jubilaciones de privilegio. Este proyecto de ley derogaba las leyes 21.540 (instituía una asignación mensual vitalicia para determinadas jerarquías eclesiásticas del culto católico), la ley 22.731 (régimen jubilatorio para funcionarios del servicio exterior de la nación) y 24.018 (asignaciones mensuales vitalicias para Presidente, Vicepresidente, Jueces de la Corte Suprema y demás funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El argumento que da el Poder Ejecutivo es que la Ley 25.668 dista en demasía del proyecto original que se envió al Congreso, ?resultando generador de desigualdades injustificadas al producir derogaciones diferentes a las propuestas de sólo alguno de los regímenes especiales, y establecer una indebida generalización del tope de 3.100 pesos que el P.E. había planteado solamente para los casos en que los requisitos de obtención hubieran sido menores a los generales?. Ahora el proyecto de ley debe volver al Congreso para ser tratado y modificado si es que la verdadera intención es acabar con las jubilaciones de privilegio o continuar con falacias periodísticas anunciando las grandes reformas que el país necesita. Como podemos observar seguimos teniendo en nuestro país dirigentes políticos ineficientes e incapaces, o bien muy inteligentes a la hora de hacer sus tareas en pos de sus beneficios personales y corporativos.