Mediante la sanción del Decreto 1316/02, el Poder Ejecutivo ha suspendido por 120 días hábiles el cumplimiento y la ejecución de todas las medidas cautelares y sentencias definitivas que ordenen el pago de depósitos atrapados por el "corralito" financiero a través de las acciones de amparo interpuestas por los ahorristas. Esta medida posee ya declaraciones de inconstitucionalidad de varios jueces del país, ordenando devolver los depósitos retenidos y haciendo caso omiso a este decreto. Este decreto es sumamente cuestionado, no solamente por los ahorristas, sino que también por los propios bancos y los jueces. Dentro de las curiosidades de este decreto el art. 3º obliga al propio Banco Central como responsable del pago en los casos de excepción dispuestos por el Art. 1º de la Ley 25.587 (razones de salud que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física de las personas o cuando la reclamante sea una persona física de 75 años o más) y debiendo pagar los mandatos dentro de los 5 días de formulados los requerimientos. Como podemos observar, esta norma ha sido duramente cuestionada, por lo que no sería extraño su modificación atendiendo los criterios de razonabilidad jurídica que fundamentan sus críticas.