Se determina el marco normativo para aquellas ejecuciones promovidas por acreedores que no sean entidades financieras, contra personas físicas por deudas cuya causa implique el desapoderamiento de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del deudor. Asimismo se determinan los alcances a las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) y se establecen las excepciones.