El Juez Federal de Río Cuarto hizo lugar a la acción interpuesta por la contribuyente actora considerando aplicables las normas contenidas en el Título VI de la ley del IGJ (ajuste por inflación) y declarando constitucionales al art. 39 de la Ley 24.073 y a otras normas que, según entiende, se oponen a su aplicación (Ley 25.561 y Decreto 214/02). Para resolver de ese modo, entre otras razones y con variados y muy sólidos fundamentos, ponderó la necesidad de que las rentas sean medidas en términos reales, así como la sucesión normativa de los textos que regulan dicho ajuste y, en particular, los motivos que inspiraron al legislador al momento de establecerlo. Asimismo, señaló que la inflación imperante en el período fiscal 2002 fue un hecho público y notorio, reconocido por el propio Estado Nacional en cuerpos normativos que no se referían al ámbito tributario. Destacó la actitud oportunista de la AFIP que admitió la aplicación de esas clases de normas cuando le resultaba conveniente desde el punto de vista recaudatorio, por ejemplo en el caso del impuesto sobre los bienes personales.